En su comparecencia de ayer, las centrales sindicales hicieron un llamamiento a participar en la concentración que, en solidaridad con las 18 personas imputadas, se celebrará mañana ante el Palacio de Justicia de Bilbo a las 9:00 horas, coincidiendo con la celebración del juicio.

Los sindicatos, que fueron los convocantes de aquella huelga, pidieron que se deje sin efecto, tanto en lo que afecta a la petición penal - 3 años y 9 meses de prisión por persona- como a la económica -6.000 euros por acusado-, en el juicio que tendrá lugar mañana. En este caso 18 personas han sido imputadas por los acontecimientos de hace dos años.

Según indicaron, tanto el poder político como el poder económico «no perdonan la disidencia» y «prueba de ello» son los hechos ocurridos en Gernika, cuando la Ertzaintza procedió a «retener e identificar» a un piquete informativo.

«Buscan la sumisión»

En relación a las peticiones de cárcel y multas, los dirigentes sindicales manifestaron que «estas situaciones no son nuevas» y que quienes se mueven en el ámbito sindical están «sufriendo durante los últimos años un proceso de criminalización continuo», porque las distintas instituciones y el capital «no se conforman ya con pisotear y recortar» derechos a través de «imposiciones, sino que además quieren paz social y para ello buscan la sumisión y la destrucción de cada persona».

En este sentido, declararon que los poderes político y económico «no admiten contestación alguna a sus prácticas y dinámicas antidemocráticas», por lo que «a quien decide no aceptar las reglas de juego que ellos dictan», le «pisotean los derechos a través de normas colectivas decididas e impuestas por ellos mismos» y «a quien protesta contra la imposición le aplican un castigo individual, de carácter penal o económico, o ambas cosas a la vez». Según denunciaron, en las huelgas de los últimos años en Euskal Herria se ha utilizado «cualquier excusa para desvirtuar las razones de fondo de dichas convocatorias, desde la utilización perversa de los decretos de Servicios Mínimos, ocultando y tergiversando los motivos de la huelga, pasando por la criminalización de los piquetes informativos o las actuaciones de la Policía en algunos momentos».