La pobreza resucita situaciones erradicadas en Nafarroa hace 20 años
Situaciones erradicadas en Nafarroa hace más de 20 años, como familias viviendo en vehículos, han vuelto en 2012, según denunció la Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión. Según los datos que hizo públicos ayer, son 60.000 personas (el 18,4% de la población) las que viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Junto a ello, rechazaron que los presupuestos destinados a cuestiones sociales se hayan reducido drásticamente.
Martxelo DÍAZ |
El año 2012 concluyó con el 18,4% de la población navarra -más de 60.000 personas- en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según destacó ayer Ubaldo González, portavoz de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que alertó de que las desigualdades han aumentado y que en los últimos doce meses se ha registrado una pérdida de derechos mediante descenso de prestaciones o dificultades para el acceso a la vivienda, educación o salud.
González rechazó el argumento empleado por el Gobierno navarro para aplicar los recortes antisociales, que los recursos son limitados, y destacó que lo que hay que hacer es gestionar mejor esos recursos priorizando las necesidades sociales y avanzar en la redistribución de la riqueza.
En este sentido, González, que compareció junto a Patricia Ruiz, Myriam Gómez y Sara Bea, integrantes de la Comisión Permanente de la Red Navarra contra la Pobreza, denunció que el presupuesto dedicado al empleo social protegido se redujo en un 45% el último año. En 2011 800 unidades familiares accedieron a ingresos mínimos gracias a este programa.
Junto a ello, rechazó los nuevos requisitos exigidos para acceder a la renta básica (mayor tiempo de empadronamiento), en un momento en el que hay más solicitudes. Pese a las restricciones, en 2012 se aceptaron 15.822 solicitudes, mientras que un año antes fueron 15.189. El incremento aún podría haber sido mayor, ya que 3.000 solicitudes han sido denegadas. La partida, además, se ha reducido en cinco millones de euros.
En este sentido, González alertó de que además de las 60.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión, hay de 3.000 a 5.000 personas inmigrantes que permanecen invisibilizados ante la sociedad sin ninguna clase de derecho.
Junto a ello, González subrayó que en Nafarroa se vuelven a vivir situaciones erradicadas desde hace más de 20 años, como familias viviendo en camiones o coches. En este sentido, se preguntó para qué han servido años de trabajo para sacar a familias de la exclusión social si ahora están volviendo al punto de partida.
La Red Navarra contra la Pobreza criticó que la acción política se centre exclusivamente en reducir el déficit y sanear la banca con fondos públicos, mientras se recortan las partidas destinadas a atender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que cada vez son más numerosos.
Facturas a inmigrantes
Patricia Ruiz reconoció no tener palabras para definir la actitud del Departamento de Salud que niega que se haya cobrado a inmigrantes sin tarjeta sanitaria a pesar de que existen facturas que así lo acreditan. «Pueden negar la evidencia, pero las facturas existen», destacó.
Ruiz denunció que se ha incurrido en desasistencia sanitaria porque se pide dinero a gente que no puede pagarlo.
Una mujer de Gasteiz podría ser desahuciada hoy de su vivienda tras haber refundido en un solo crédito la hipoteca de la vivienda que era de su propiedad y el préstamo por un negocio de fontanería del que entonces era su pareja. Las negociaciones mantenidas ayer entre Stop Desahucios de Araba, la afectada y Kutxabank no fructificaron en ningún acuerdo, aunque, la entidad habría ofrecido en las últimas horas a la mujer la posibilidad de renegociar su deuda -que supera los 200.000 euros-, por lo que, cabe la posibilidad de que el lanzamiento no se lleve a cabo hoy. La plataforma ha convocado una concentración a partir de las 11.45 en la Plaza Vascongadas, frente a la vivienda de la afectada, ya que, en principio, el desahucio está previsto para las 12.00.
La mujer, que se ha separado de su pareja, no pagaba el crédito hipotecario de la vivienda y del negocio porque, según Stop Desahucios, la cuota rondaba el 100% de su sueldo. La afectaba solicita a Kutxabank que pueda vivir en alquiler social durante cinco años en su piso.
Stop Desahucios y EH Bildu reclamaron a Kutxabank que paralice la ejecución hipotecaria y cumpla con la palabra que dio tras la muerte de Amaia Egaña en Barakaldo. Asimismo, hacen suyas las reclamaciones de la afectada y piden también la condonación de la deuda.
Por otra parte, un vecino de Lekeitio al que hoy iban a desahuciar consiguió ayer parar el proceso temporalmente tras haber llegado a un acuerdo con los abogados de los propietarios de la vivienda, que pertenece a varias sociedades religiosas. GARA
