El juicio contra el piquete informativo de 18 personas que fue identificado en Gernika en la huelga general del 27 de enero de 2011 contra la reforma de las pensiones, convocada por la mayoría sindical vasca ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, quedó ayer visto para sentencia.

Lo más llamativo fue que la fiscal no pudo probar las acusaciones contra sus integrantes, pese a lo cual mantuvo la petición en conjunto 72 años de cárcel -tres años y nueve meses y 6.000 euros para cada uno de sanción- por un delito contra el derecho al trabajo. Además, ante esa manifiesta falta de pruebas, la fiscal añadió otro delito de coacciones, por si los anteriores «no son atendidos» por la juez, según expresó.

La fiscal trató de situar al conjunto del piquete ante el supermercado principal de Erkoreka en Gernika, donde habría pinchado tres ruedas de la furgoneta de reparto y habría coaccionado al conductor para impedirle que saliera al reparto, que lo hizo en otra furgoneta. Sin embargo, la patrulla de la Ertzaintza que acompañaba al piquete no intervino y el conductor de la furgoneta y otro trabajador de Erkoreka ratificaron que no podían identificar a ninguno de los 18 del piquete.

El empleado explicó que se vio obligado a presentar la denuncia «porque mi jefe me dijo que era necesario para cobrar los desperfectos del seguro». Sin embargo, a los 18 acusados les identificaron, casi tres horas después del supuesto incidente, a «cinco o diez minutos del lugar», como dijo un ertzaina, en Gernika, que contó con más piquetes, pero «no hubo problemas», como remarcaron al unísono los agentes de la Policía autonómica.

En el juicio, la fiscal perdió los papeles porque presionó al conductor de la furgoneta para que dijera algo «que no había visto». Ello motivó la queja del abogado defensor y la juez llamó al orden a la fiscal, que veía que ninguno de sus argumentos se sostenían para inculpar a los integrantes del piquete. El abogado de la defensa pidió la libre absolución y remarcó, como se comprobó en el juicio, que ni la fiscal ni sus testigos «aportaron pruebas de cargo contra mis defendidos, ni ha sido capaz de identificar individualmente a a cada uno de ellos como posibles autores de esos delitos, como hubiera sido exigido ante esos cargos».

«Meter miedo»

Ante el juzgado de Bilbo, hubo una importante solidaridad de las centrales sindicales que convocaron la huelga y de los colectivos de Busturialdea. A la entrada del juicio, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, denunció el juicio porque «no es delito defender prestaciones dignas» y pidió «la absolución».

Etxaide lamentó las imputaciones de «supuestos delitos» y dijo que «lo único que hicieron fue defender el derecho que tenemos todos a tener unas prestaciones dignas, a tener un sistema de pensiones que nos garantice un futuro digno, y eso en ningún caso se puede calificar de delito». Por lo que dijo que «si queremos hablar de delitos contra el derecho de trabajo, hoy es el día en que seguimos queriendo ver un juicio a aquellos que lo están conculcando, a aquellos que están agrediendo ese derecho y destruyen empleo». Pidió «sentar a la patronal en el banquillo» y dijo que estos juicios «tienen por objeto meter miedo, que es el único y mejor aliado que tiene en estos momentos la patronal para seguir agrediendo y seguir conculcando derechos».

Por ello, Ainhoa Etxaide animó a los trabajadores a «salir a la calle, como en su día salimos el 27 de enero, y seguir luchando porque la alternativa existe, es necesaria y vamos a seguir avanzando hacia ella».