Tal y como preveía el acuerdo de estabilidad firmado por CiU y ERC, la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán será la primera estación del proceso independentista puesto en marcha en el Principat. Ayer ambos partidos presentaron el borrador de la declaración, que deberá ser aprobada en el primer pleno del Parlament, previsto para finales de este mismo mes. Antes, sin embargo, extenderán el documento al PSC, a ICV-EUiA y a la CUP, con el objetivo de pactar el texto con ellos y conseguir el máximo apoyo posible.

En el preámbulo, el borrador repasa el relato que ambos partidos han mantenido en los últimos meses, asegurando que «las dificultades y negativas por parte de las instituciones del Estado español comportan una negativa radical a la evolución democrática de las voluntades colectivas del pueblo catalán», algo plasmado en la calle y en las urnas, lo que, según se lee en el documento, otorga la legitimidad para «hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir como plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos y hacer efectiva la voluntad de constituir Catalunya en un nuevo estado dentro del marco europeo». Una autodeterminación a la que el Principat tiene derecho por ser un «sujeto político y jurídico soberano».

El borrador publicado ayer por varios medios catalanes consta de seis puntos. El primero: la «soberanía» en sí misma, que no radica en nadie más que en el pueblo catalán «por razones de legitimidad democrática», algo bastante comprensible que, sin embargo, entra en contradicción con la Constitución, para la que «la soberanía nacional reside en el pueblo español».

El segundo punto es, de hecho, la «legitimidad democrática» y en él se recoge el carácter «escrupulosamente democrático» del ejercicio del derecho a decidir, antes de pasar al tercer punto: la transparencia. «Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información», se explica en el borrador.

En el cuarto punto, el «diálogo», los firmantes apuestan por establecer canales de negociación «con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional». Precisamente «Europa» es el título del quinto punto, en el que la Declaración se compromete a «defender y promover los principios fundacionales de la Unión Europea».

El sexto y último eje es el de la legalidad, que recoge la utilización de «todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrá- tico y el ejercicio del derecho a decidir».

En busca de apoyos

CiU y ERC enviaron el borrador ayer mismo a los grupos parlamentarios de PSC, ICV-EUiA y CUP, entre los que esperan poder recabar apoyos para la aprobación parlamentaria. Aunque descontentos por lo que consideran una apropiación del derecho a decidir por parte de nacionalistas y republicanos, ICV-EUiA y la CUP han mostrado constantemente su apoyo al derecho a decidir, por lo que cabe pensar que su apoyo podría ser posible. Será más complicado conseguir el de un PSC envuelto en sus propias contradicciones. Ayer mismo, su portavoz en el Parlament, Maurici Lucena, anunció que votarán en contra, al considerar que la declaración «disfraza la independencia de derecho a decidir».