Cuando Firat Demirkiran, kurdo de 33 años, fue arrestado en Canarias el 12 de agosto de 2012, llevaba encima el documento de viaje que acreditaba su condición de refugiado. Había sido expedido por las autoridades alemanas, que reconocieron su carácter de perseguido político en julio de 2009. No fue suficiente para los policías españoles, que lo detuvieron en virtud a una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Turquía. Tampoco para el juez, quien lo encarceló en Valdemoro. Ni siquiera para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que puso en marcha el proceso para extraditarle a Turquía. Y eso que el papel oficial no era la única evidencia de la que disponían las autoridades españolas sobre la especial protección de la que goza Demirkiran. Nada más conocer el arresto, Berlín informó de su condición de refugiado. Aún con esos datos sobre la mesa, los jueces lo mantuvieron en prisión durante dos meses. Ahora, en libertad, ha podido escapar de un proceso que, de haber llegado hasta el final, hubiese supuesto un grave riesgo para su integridad. El «affaire Demirkiran» ha puesto en evidencia la alianza entre el Estado español y Turquía y las mentiras del Gobierno de Rajoy.

«El 4 de octubre de 2012, el Ministerio de Justicia recibió una carta fechada el 1 de octubre de Amnistía internacional en la que, entre otras cosas, se informa de que Firat Demirikiran posee estatuto de refugiado en Alemania. Aparte de esta mención, no existe otra acreditación fehaciente de que el reclamado sea refugiado en Alemania». Según la respuesta remitida por el Gobierno español a Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, Madrid tardó más de mes y medio en ser informado de que Demirkiran disfrutaba de la condición de exiliado político. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no contó toda la verdad. Ni siquiera en una respuesta oficial como la tramitada ante el requerimiento de la coalición abertzale.

Tal y como ha podido saber GARA, el Gobierno alemán que preside Angela Merkel ya había informado del estatus del ciudadano kurdo a través de una nota verbal, un formato de notificación diplomática reconocido por todo el derecho internacional. Concretamente lo hizo el 16 de agosto, apenas cinco días después del arresto, a través de la Embajada alemana en Madrid. Según fuentes del Bundestag a las que ha tenido acceso este diario, Berlín no solo informó de que Demirikiran estaba protegido por la convención de Ginebra, sino que un equipo diplomático se puso en contacto con él en la cárcel de Valdemoro para seguir su caso. Pese a ello, el Gobierno español lo mantuvo en prisión durante más de 60 días. Durante este tiempo aprovechó para asegurar que desconocía la protección legal de la que disfrutaba el ciudadano kurdo.

La versión de ankara

Esta supuesta ignorancia contrasta con la rapidez con la que los servicios de prensa de Moncloa distribuyeron la versión turca sobre Demirkiran. El 5 de octubre, después de que entidades como Amnistía Internacional o ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) afeasen la posición de Madrid, la Administración de Rajoy se defendió difundiendo las acusaciones contra el refugiado kurdo: realizar labores «propagandísticas» del PKK en el instituto en Bingöl (cuando tenía entre 11 y 14 años) y hacer «proselitismo» de la guerrilla desde un local de Hamburgo, lugar en el que se refugió tras constatar que en Kurdistán corría peligro.

No es el primer caso en el que Madrid se salta reglas básicas como la Convención de Ginebra, que incluye el principo de «no devolución» en casos de persecución política. En esta ocasión, hasta los intentos de eludir responsabilidades han quedado en evidencia. Sin embargo, tal y como denuncia José Luis Galán, abogado de Demirkiran, el Gobierno español sigue como único estado europeo que «se empeña en extraditar a ciudadanos kurdos con estatuto de refugiado a pesar de que la Audiencia Nacional ha dicho con anterioridad que no procede».