Un post del exmilitante de ETA José Miguel Latasa en el blog «Arabatik» provocó una campaña de acoso contra Iñaki Goioaga. El delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, pidió a la presidenta del Parlamento de Gasteiz que evitase el nombramiento del abogado vasco como senador, aun reconociendo que este se encuentra en posesión de todos sus derechos, ya que fue absuelto por falta de pruebas de la acusación de participar en un intento de fuga de un preso vasco. La llamativa petición de Urquijo tuvo gran eco en los medios de comunicación, algunos de los cuales jalearon la ocurrencia. Al mismo tiempo, UPyD presentó una denuncia contra el letrado «por transmitir instrucciones de ETA» a los presos de esa organización, según la afirmación de Latasa. Y ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la imputación de Goioaga basándose en esa afirmación, que rezuma, sobre todo, resentimiento.

El hecho de que la Fiscalía actúe poco menos que al dictado de impulsos que tienen que ver más con el rencor que con el cumplimiento de la ley no hace sino aumentar la necesidad de la desaparición de un tribunal especial poco compatible con un estado de derecho.