TRAS EL ÉXITO DE LA MOVILIZACIÓN DE BILBO
Urkullu pide cambiar la política carcelaria y transferirla a Lakua
El lehendakari demanda a Madrid el «respeto a los derechos que asisten a las personas privadas de libertad» y que «cumplan sus penas en las cárceles más cercanas a sus lugares de residencia»
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El lehendakari recordó ayer al Gobierno español que las encuestas vienen diciendo «una y otra vez» que la ciudadanía vasca está preocupada por la «utilización de las políticas penitenciarias» como contrapeso en un determinado momento político «condicionado por la actividad del terrorismo». Y señaló que esa opinión común y el cambio de la situación pueden «ayudar» al Ejecutivo de Mariano Rajoy a modificar su estrategia.
Iñigo Urkullu fue entrevistado ayer en la Cadena Ser y la primera pregunta política que se le hizo fue sobre la valoración de la manifestación del sábado y sobre su posición propia en defensa de una política penitenciaria diferente. El lehendakari recordó que «siempre» ha mantenido esta apuesta «y no al albur de manifestaciones que se celebran anualmente». Mostró su «respeto a los que acudieron a la manifestación, que pueden cifrarse en cien mil» y «a los casi tres millones de habitantes del pueblo vasco, de los siete territorios del pueblo vasco, que no lo hicieron».
Urkullu quiso desligar la política penitenciaria tanto de «los avatares de una manifestación» como del hecho de que ya hayan pasado «un año y cuatro meses después del anuncio de cese definitivo de la acción armada por parte de ETA».
«Respeto a los derechos»
Según defendió el lehendakari en la entrevista, «otra política penitenciaria debería ser algo que el Gobierno español debiera tomar en consideración por respeto a los derechos que asisten a las personas privadas de libertad». Y añadió que «creo que otra política penitenciaria donde impere ese concepto de acercamiento para que cumplan sus penas en las cárceles más cercanas a sus lugares de origen y residencia no es algo que corresponda únicamente a los presos y presas pertenecientes a la organización terrorista ETA, sino a todas las personas privadas de libertad».
Iñigo Urkullu destacó que la sociedad vasca viene haciendo este emplazamiento «desde hace quince años». Luego añadió que el Acuerdo de Ajuria Enea, firmado hace veinticinco, ya hacía referencia también a otra política penitenciaria.
En cuanto a las posibilidades que vede que el Gobierno español atienda a esta demanda social, Urkullu respondió que «es mi trabajo también como lehendakari insistir ante el presidente del Gobierno español y ante el PP, que es quien con su mayoría absoluta lo soporta».
Además, aseguró que insistirá ante el Ejecutivo de Rajoy en «la transferencia de la gestión de la política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como se contempla en el Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en referéndum en 1979».
Además de mirar hacia el Gobierno español, el lehendakari lo hizo también hacia «la llamada izquierda abertzale», de la que dijo que «además de lo que haya podido ser el éxito de la manifestación del sábado pasado, que era previsible, creo que tiene ante sí el reto de una revisión crítica del pasado, de un reconocimiento explícito del daño causado, y todo eso es lo que tenemos que trabajar».
En la reunión de la Junta de Portavoces celebrada ayer, la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejería, transmitió su decisión de que, fuera de los días de sesión y salvo por motivo de visita, el acceso al Salón de Plenos deberá estar autorizado por ella misma. En el posterior encuentro de la Mesa, el vicepresidente, Juanjo Agirrezabala, de EH Bildu, le pidió que presente un protocolo por escrito, a lo que accedió.
El grupo parlamentario de EH Bildu grabó un vídeo llamando a la manifestación del sábado en el salón de plenos, lo que no gustó ni a la presidenta ni al resto de grupos. UPyD pidió una sanción y el PP propone un cambio de reglamento para castigar este tipo de actuaciones.
El juicio sobre la demanda de extradición del preso político Antton Troitiño dio comienzo ayer en Londres con la intervención de Matthew Ryder, abogado defensor del recluso vasco, que solicitó al tribunal que no la ejecute.
El Estado español reclama a Troitiño para alargarle la pena mediante la doctrina 197/2006, por la que tendría que cumplir cuatro años que se añadirían a los 24 que el prisionero vasco ya ha cumplido en prisiones españolas.
Ryder pidió a Michael Snow, juez del caso, que no facilite el traslado al Estado español, ya que eso «vulneraría los artículos 5 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos». El primero de esos artículos hace referencia al derecho a la libertad y la seguridad del preso, mientras que el segundo establece la «irretroactividad de las leyes penales desfavorables». Estrasburgo ya ha rechazado esa doctrina en su primer dictamen.
Ryder añadió que, de ser extraditado, su cliente «será encarcelado de inmediato sin opción a libertad condicional». Por ello, instó al togado a «no cometer esas violaciones, aunque en el Estado español sí se haga al mantener encerrados a los presos que tienen sus penas cumplidas». GARA
Ni el ministro español de Interior, Jorge Fernández, ni el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, pudieron sustraerse a comentar la multitudinaria manifestación del domingo. Lo hicieron, claro está, con su verbo más contundente.
En el acto de toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad, Francisco Martínez, el ministro respondió a los cerca de 115.000 manifestantes afirmando que «no hay que dar las gracias a los terroristas porque dejen de matar» y cerrando la puerta de nuevo a una negociación.
Jorge Fernández Díez -que tiene una situación interna difícil en el Ministerio, del que son muestra los relevos en apenas un año de mandato- se refirió a la detención de dos supuestos militantes de ETA el viernes en el Estado francés. «Eso -declaró- para que tomen nota después de la manifestación del sábado quienes parecen decir que hay que dar gracias a ETA por que deje de matar y extorsionar». Como siempre que habla del tema, reiteró que «ni ha habido ni habrá ninguna negociación» con ETA e insistió en que el único paso que debe dar es el de su disolución.
La manifestación del sábado fue también el punto más destacado por el propio PP de la rueda de prensa que sigue a la reunión semanal de su dirección. El vicesecretario general de Organización y Electoral, Carlos Floriano, aseguró que el PP va a seguir haciendo un llamamiento para que «el relato del fin de ETA tenga presente la existencia de víctimas y verdugos» y diferencie entre «quienes asesinaron y quienes fueron sus víctimas».
«Vamos a dar la pelea para que todo el mundo tenga claro que Bildu es ETA y para que todo el mundo sepa que el camino por el que nos conduce la izquierda abertzale con la aquiescencia del PNV no va a poder robar la memoria de todos aquellos que fueron asesinados», enfatizó.
Según la nota oficial, el dirigente del PP mostró la vergüenza que siente su formación ante la asistencia de miembros de ERC, socios de Convergència i Unió, a la manifestación «proetarra» y criticó el silencio de Artur Mas y Josep Antoni Durán i Lleida». «Nos produce sonrojo y es sencillamente lamentable», concluyó Floriano en relación a la presencia de Joan Tardá. GARA
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) anunció ayer la interposición de una denuncia por «enaltecimiento del terrorismo» contra los promotores de la manifestación del sábado porque, según la asociación, en ella se exhibieron fotografías de presos.
La AVT ofreció la información a través de un comunicado en el que asegura que la exhibición de dichas imágenes durante el acto supone «un delito de `enaltecimiento del terrorismo' y una humillación para las víctimas».
Cabe señalar que si en la manifestación hubo exhibición de alguna fotografía lo fue de forma muy excepcional e individualizada, en el contexto de una movilización que congregó a unas 115.000 personas. Los propios familiares de los encarcelados, exiliados y deportados llevaron banderolas exigiendo la repatriación, sin ningún tipo de distinción sobre la personas a la que afectaba la demanda.
Por otro lado, la asociación anunció también que presentará un escrito dirigido al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria solicitando que se revoque la libertad condicional a Josu Uribetxebarria Bolinaga, concedida en un auto del 30 de agosto de 2012, por haber incumplido una de las reglas de conducta impuestas en dicho auto. La AVT basa estas acusaciones en la atribución por el diario ultraderechista ``La Gaceta'' a Josu Uribetxeberria de unas declaraciones que su «exclusiva» sitúa bajo este titular: «Sé que causé daño y no me arrepiento». Según la AVT, esto es menosprecio a las vítictimas y rompe las condiciones de su auto de libertad.
