Proceso independentista en Catalunya
El vía crucis de la Declaración de Soberanía
Ante el rechazo del PSC, las dudas de Unió y las críticas de ICV-EUiA y la CUP al primer borrador de Declaración de Soberanía, CiU y ERC se vieron obligadas ayer a proponer un nuevo documento, en el que desaparece la referencia al Estado propio.
Beñat ZALDUA | BARCELONA
Nadie preveía que el proceso independentista catalán fuese sencillo, pero la encallada Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán ha mostrado en los últimos días hasta dónde puede llegar la complejidad del reto que enfrenta Catalunya. La semana pasada trascendió a la prensa el borrador de la Declaración pactada entre CiU y ERC, que pretendían abrir al resto de fuerzas a favor del derecho a decidir. El borrador, sin embargo, se encontró con la negativa rotunda del PSC, las dudas de Unió y las críticas de ICV-EUiA y CUP, obligando ayer a los socios de legislatura a proponer un nuevo texto en el que desaparece la referencia al Estado propio, pero en el que se mantiene el contenido respecto a la soberanía del pueblo catalán..
Rebobinemos. El pacto de estabilidad firmado entre CiU y ERC contemplaba, como primera estación del proceso hacia la celebración de una consulta de autodeterminación, la Declaración de Soberanía en el primer pleno del nuevo Parlament. Siguiendo con el guión, nacionalistas y republicanos se pusieron a ello y la semana pasada trasladaron al PSC, ICV-EUiA y la CUP un borrador negociable, con el objetivo de aprobarlo en el pleno del próximo 23 de enero.
Y a partir de aquí, problemas. Tanto CiU como ERC se han quejado por la filtración a la prensa de un borrador que no debía ser público y que era el punto de partida para negociar con el resto de partidos. Algunos han responsabilizado al entorno del PSC de la filtración. Sea o no cierto, lo que queda claro es que el borrador de la Declaración, que proclamaba al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano» y que recogía el objetivo del Estado propio, ha sido utilizado por los socialistas para evitar un debate que crea intensos dolores de cabeza en sus filas: el del derecho a decidir. Escudándose en que el borrador mezclaba el tema de la soberanía y el derecho a decidir por un lado, con la independencia y el Estado propio, por otro, el PSC anunció un no rotundo a la Declaración. La omisión del debate sobre el derecho a decidir ha permitido, además, rehacer puentes entre PSC y PSOE, que insisten en una reforma federalista de la Constitución. La propuesta la harán... en el Parlament.
El despropósito socialista ha sido utilizado, a su vez, por Unió, cuya portavoz, Marta Llorens, aseguró ayer que el apoyo de los 107 diputados que suman CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP suponen una «línea roja» que no se puede traspasar para aprobar la Declaración. Por ello, propuso posponer la votación en el Parlament hasta negociar un nuevo documento con el resto de fuerzas. El partido del «número dos» de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, no ha ocultado en ningún momento su descontento por el pacto con ERC y con el proceso soberanista en general. De hecho, el domingo Duran i Lleida propuso en su blog rehacer la Declaración por completo.
Desobediencia institucional
Por su parte, ICV-EUiA y la CUP criticaron las maneras de CiU y ERC, al entender que se limitan a pedirles una adhesión. Es por eso que pidieron negociar el contenido de la declaración, algo a lo que no se han negado ni nacionalistas ni republicanos. Ayer la CUP registró en el Parlament su propia propuesta de Declaración, en la que incluyen los Països Catalans y en la que se apuesta por la desobediencia institucional como vía para hacer efectivo el derecho a decidir. Pese a las críticas, ambas formaciones se han mostrado dispuestas a negociar el contenido, con el objetivo de votar favorablemente en el Parlament, algo que, de conseguirse, garantizaría el apoyo de 87 diputados.
A la espera de conocer la posición del PSC respecto a la nueva propuesta, de la polémica suscitada se pueden extraer varias conclusiones. Por un lado, pese a que el pacto de estabilidad sea entre CiU y ERC, ambas fuerzas no deberían excluir a ICV-EUiA y CUP en la negociación de los temas relativos al proceso soberanista. Por otro lado, por mucho que el programa del PSC recogiese el apoyo al derecho a decidir -siempre a través de un acuerdo con el Estado-, los hechos muestran su oposición constante. Por último, y sobre todo, Artur Mas tiene un serio problema con su socio, Duran i Lleida.
El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, negó ayer, en una vista en la Audiencia Provincial, que la contratación de dos trenes para transportar a más de mil personas a la Diada responda a motivos ideológicos y agregó que el fin era facilitar la movilidad.
La dirección de Unió Democràtica de Catalunya trata de zanjar el «caso Pallerols» a la espera de que la sentencia formalice el pacto judicial suscrito entre las partes, y su comité de gobierno cerró filas en torno a su líder, Josep Antoni Duran i Lleida.
El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Oriol Junqueras, ha renunciado al sobresueldo, asesores, oficina y coche oficial que le corresponden como jefe de la oposición catalana, prerrogativas que cuestan dinero público.
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Escudándose en que el borrador mezclaba el tema de la soberanía y el derecho a decidir, por un lado, con la independencia y el Estado propio, por otro, el PSC anunció un no rotundo a la Declaración.
En contra de lo anunciado la semana pasada, ayer «El País» señalaba que el Gobierno español no hará nada por frenar la Declaración de Soberanía, una declaración política que, por otra parte, tendría muy difícil tumbar en los tribunales, dado que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Según «El País» esta decisión dibujaría la estrategia tomada por el presidente, Mariano Rajoy, para hacer frente al envite independentista catalán. El objetivo sería no repetir el ridículo de José María Aznar cuando el Constitucional tumbó su demanda de prohibir la tramitación del Plan Ibarretxe en el Parlamento de Gasteiz. Su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por dejar hacer y esperar a que la propuesta llegase al Congreso, donde fue aplastada por el rodillo conjunto de PSOE y PP.
La estrategia de Rajoy pasa también por alimentar las disensiones en el seno de CiU, algo a lo que Duran i Lleida parece más que dispuesto, y por acrecentar el malestar en el mundo empresarial. En esta línea cabría entender la información desvelada la semana pasada por Ignacio Escolar en «eldiario.es», según la cual, Juan Carlos de Borbón habría reprendido a Javier Godó -Conde de Godó, «Grande de España» y propietario de «La Vanguardia»- por la línea editorial de su diario. Verdadera o no la información, lo cierto es que la posición de la publicación en las últimas semanas ha variado notablemente.
Esta estrategia dejaría para el final el armamento pesado, en forma de Constitución y tribunales, y esperaría a que CiU y ERC tengan a punto la consulta de autodeterminación para anularla a través del Tribunal Constitucional. La adopción de medidas todavía más tajantes -como la suspensión de la autonomía- quedarían como opción si Catalunya, pese a la prohibición, sigue adelante. Pese a ello, no cabe menospreciar el trabajo de los tribunales, que ya tienen en marcha toda una campaña de baja intensidad. Solo ayer, el alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU) declaró en los juzgados por contratar varios trenes el día de Diada, mientras que el Estado denunció al Ayuntamiento de Arenys de Munt -gobernado por la CUP- por declararse «territorio catalán libre y soberano». B.Z.
