El juicio contra cuatro activistas que denunciaban el TAV en un centro comercial de Irun en 2010 vestidos de reyes magos, para los que la Fiscalía pide 2 años y dos meses de prisión, comenzó ayer con la intervención de la defensa y concentraciones de solidaridad en el exterior.

Los letrados de los cuatro activistas aseguraron que los delitos de «coacción» expuestos por la Fiscalía «no se sostienen por ningún lado».

En cuanto al presunto delito «contra la seguridad del tráfico» en el que incurrieron al encadenarse a bidones de hormigón, la defensa expuso que « resulta insostenible cualquier acusación de ese tipo, ya que no existen pruebas objetivas del presunto gran caos que provocaron, ni del riesgo sufrido por los conductores».

Ambos letrados consideraron que ni el atestado policial ni las declaraciones de los ertzainas aporta ningún dato esclarecedor.