Herrira, plataforma convocante de la manifestación que el sábado pasado reunió en Bilbo a 115.000 personas por los derechos de los presos y presas, hizo ayer, no podía ser de otra forma, una valoración muy positiva de la movilización. Y sus portavoces pusieron el acento, tanto o más que en su carácter masivo, en la pluralidad de los asistentes, destacando que al margen de siglas e intereses de partido en la capital vizcaina quedó de manifiesto que una gran mayoría de la sociedad vasca comparte sus demandas.

Desde luego, una movilización de esas dimensiones solo es posible en este país cuando se logra activar a personas de diferentes sensibilidades. Así lo entienden también quienes públicamente rehusaron secundar la convocatoria y soterradamente hicieron lo posible por minorar su repercusión. El lunes, Iñigo Urkullu reclamó una nueva política penitenciaria y reivindicó la transferencia de su gestión al Ejecutivo de Lakua. El mismo Urkullu que antes de la marcha había sostenido que su partido estaba trabajando discretamente en ese cometido. ¿Qué ha cambiado en solo unos días para pasar de ese supuesto trabajo en la sombra a la interpelación pública al Gobierno español? ¿Será que esa labor discreta no ha dado frutos o que, directamente, aquellas declaraciones eran solo de cara a la galería? Del mismo modo, José Antonio Pastor valoró ayer que «probablemente» ha llegado el momento de transferir la política carcelaria, una afirmación algo cáustica viniendo del portavoz de un partido que ha manejado esa política con mano de hierro hasta hace muy poco.

Si esa toma de posición es sincera, podría ser un paso importante. Pero todos deben entender que la situación no admite frivolidades. Son muchas las personas, entre presos y familiares, cuyos derechos se están vulnerando cada día y a quienes se está sometiendo a un sufrimiento injusto. Y es todo un pueblo el que espera que sus representantes empiecen a dar la talla.