La actividad especulativa del Ayuntamiento de Eibar por medio de la sociedad pública IMESA ha supuesto una pérdida de un millón de euros desde 2004. Un desaguisado más lamentable por el cómo que por el nada despreciable cuánto. Por eso mismo, no cabe aducir que si los contratos con el Banco de Santander hubieran arrojado un saldo positivo, este habría repercutido en toda la ciudad. Y es que no se trata de buena o mala voluntad, sino de procedimientos, de gestión del dinero de todos los eibartarras, sean aficionados a los juegos de azar o no. Un particular es muy libre de invertir su dinero donde y como quiera, incluso en un casino, que también es legal, pero en este caso quienes han especulado con «swaps» son los responsables del Ayuntamiento, una de cuyas funciones es administrar un dinero que pertenece a todos sus ciudadanos y no al alcalde ni al equipo de gobierno municipal. También una gestión tan dudosa como esa es legal, o al menos no ilegal y, por tanto, no tendrá consecuencias al respecto, pero sí existe una responsabilidad política que deberían asumir quienes con esas operaciones arriesgaron el dinero común. Y lo perdieron.