Hace casi dos años, el 27 de enero de 2011, la mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, rechazó la reforma de las pensiones, porque suponía «una agresión directa contra la población y el Estado de Bienestar» y, entre otras razones, porque demandaban que el sistema de protección social vasco fuera transferido a Euskal Herria para modificar ese modelo y garantizar unas pensiones dignas tras la jubilación de los trabajadores.

Este mes ha entrado en vigor ese texto. Obliga a trabajar hasta los 67 años, exige una cotización de 37 años para cobrar la pensión íntegra y calcula la misma sobre los 25 últimos años cotizados. Provocará una merma importante en los ingresos de los pensionistas en un futuro inmediato. Sin embargo, el Gobierno español del PP quiere endurecer más esa reforma, que contó con el apoyo de CCOO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme. El PSOE aceptará cambios siempre que cuente con la luz verde de esos sindicatos.

Jubilación anticipada

Así, los ministros españoles del Gobierno de Mariano Rajoy comenzarán a explicar ante los parlamentarios los nuevos recortes previstos esta misma semana. Uno de los que quieren establecer, como ya ocurrió el año pasado, es que las pensiones no estén vinculadas a la inflación. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció en noviembre de 2012, en un informe en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, que se pretende retrasar la jubilación anticipada a los 63 años, en paralelo a la entrada en vigor de la nueva edad de jubilación a los 67 años que debería culminar en el año 2027. También trabaja en la línea de aumentar los coeficientes reductores y ampliar los periodos obligatorios de cotización a toda la vida laboral, entre otras modificaciones.

La clave para desarrollar estas medidas regresivas se encuentra en reducir su coste, porque los gobiernos neoliberales, tanto del Estado español como de la UE, aseguran que las arcas públicas no podrán mantener ese pilar fundamental del Estado de Bienestar en las condiciones actuales. Pero, ¿es real ese problema? Lo que argumentan quienes dan el visto bueno a los recortes es que, al elevarse la media de edad de vida de la población, se tendrá que pagar durante más tiempo las pensiones y eso provocará el desajuste de las finanzas públicas.

La única salida que implementan es reducir el salario a los pensionistas futuros y, a la vez, dejan la puerta abierta para que el sistema privado de pensiones se nutra de miles de millones de personas que quieren asegurarse una jubilación con una cierta dignidad. Porque los gobiernos españoles han renunciado a que el sistema público de pensiones del futuro entregue unas cantidades justas para tener una vida digna.

Es posible. Para ello, es necesario modificar esos planteamientos neoliberales, alejados del interés de la clase trabajadora por conseguir, una vez que finaliza su trabajo, una pensión que permita vivir con tranquilidad, después de haber cotizado por encima de los 35 años.

Para buscar un punto de equilibrio se necesitaría más cotizantes, por un lado, pero la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de hace dos años y la que pretende Mariano Rajoy (PP) este año, impiden que haya una renovación del mercado laboral al obligar a los trabajadores a trabajar hasta los 67 años. Además, entre 2007 y 2012 en Hego Euskal Herria el paro ha aumentado en 124.800 personas y existen 110.491 cotizantes menos debido a la crisis. Por lo tanto, la necesidad de regenerar el empleo es una primera necesidad, que los empresarios y los gobiernos están incumpliendo, puesto que más del 52% de los jóvenes de Hego Euskal Herria se encuentran sin poder acceder al mundo del trabajo. Es así como en varias ocasiones se ha pronunciado el profesor Mikel de la Fuente, experto en pensiones.

Sin embargo, los datos de la Seguridad Social referidos a diciembre de 2012 indican que hay 2,34 afiliados por cada pensionista, es un porcentaje similar a 1988. En 1996, se redujeron a 2,06 cotizantes por pensionista y en 2007 se alcanzó el máximo de 2,71 pensionistas por cotizante.

Garantía de las arcas públicas

Ignacio Zubiri, catedrático de la UPV-EHU de Hacienda Pública, rechazó la anterior reforma de las pensiones que llevó adelante Rodríguez Zapatero y también se opone a los nuevos recortes anunciados. Su principal argumento, entre otros, se encuentra en que solo elevando el número de cotizantes no equilibrará el sistema.

Para él, el sistema -según fija la última reforma- no puede ser alimentado solo por las cotizaciones de trabajadores y empleadores, éstos últimos cada vez menos porque obtienen más bonificaciones y exenciones por muchas actuaciones. Sino que -según opina- debería estar garantizado por las arcas públicas, como hacen otros países. De hecho, el Estado español cuenta con una presión fiscal alejada de la media de la Unión Europea.

En este caso, los últimos datos de la Oficina Estadística de la Comisión Europea, Eurostat, confirma que el sistema de pensiones del Estado español es de los más baratos de Europa. En 2010, que son los últimos datos actualizados del conjunto de los 27 países, se gastó 1.862 euros por habitante, lo que equivale al 10,7% del PIB, mientras que el gasto medio europeo es de 3.421 euros, el 12,8% del PIB. En el Estado francés, ese gasto se elevó a 3.658 euros por habitante, un 14,4% del PIB.

La OCDE, en un estudio específico sobre las pensiones de 2010 a 2060, confirma que el gasto en pensiones en la OCDE en 2050 será del 11,7% del PIB, en este caso sobre la evolución que se producirá en el Estado español destaca que del 10,1% en 2010 se pasará al 14% en 2050, lo mismo que en el 2055 y en el 2060 está previsto que el coste se reduzca al 13,7%. No es de los costes más elevados, sino que Finlandia está por encima, el Estado francés, Grecia, Italia. Noruega y Alemania, entre otros, se quedaría un punto por debajo del gasto español. En este caso, el profesor de la UPV-EHU y experto en pensiones, Mikel de la Fuente, reconoció a GARA que «utilizar el aumento de la esperanza de vida para justificar las medidas de recorte tiene connotaciones de clase, porque los trabajadores manuales no llegan en las mismas condiciones de salud que los directivos, por ejemplo», según explicó.

La nueva reforma que aplicará Rajoy incidirá de forma directa en los salarios de los pensionistas. Porque, bajo la disculpa de que se impone desde Bruselas unas medidas de ajuste en las pensiones para reducir su elevado coste, lo que se aplicará tendrá como principal elemento desligar la actualizaciones de las pensiones del IPC, como ya ha ocurrido este año. Según fuentes cercanas al Gobierno español, «solo se subirán las pensiones cuando exista un superávit sólido en los ingresos de la Seguridad Social».

Además, como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, la reforma de la ley introdujo el denominado «factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social». A partir de 2027, «los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión». Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años, como figura en la nueva legislación que modificó el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, como la aprobación de las centrales sindicales CCOO y UGT y las patronales.