El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó ayer por la tarde la detención del primer ministro, Raja Pervez Ashraf, sospechoso junto a otras quince personas de corrupción en un caso de contratos energéticos ilegales. La orden judicial coincidió con la protesta multitudinaria convocada por el líder religioso Tahir ul-Qadri para reclamar la disolución del Parlamento y el Gobierno y una regeneración democrática que acabe con la actual clase política corrupta paquistaní.

Cercano al presidente, Asif Ali Zardari, el actual primer ministro sustituyó en junio a Yusuf Raza Gilani, que fue obligado por el Supremo a renunciar por negarse a reabrir una antigua investigación por corrupción contra el jefe del Estado.

En su orden, el Supremo acusó a la Oficina Nacional de Cuentas -organismo público anticorrupción- de no haber ejecutado órdenes previas contra Ashraf y el resto de implicados en un escándalo relativo al alquiler de plantas eléctricas.

Fawad Chaudhry, asesor de Ashraf, declaró a Reuters que, «sin ninguna duda», el Ejército y el Alto Tribunal están implicados en una conspiración para derrocar al Gobierno. El ministro de Información, Qamar Zaman Kaira, contraatacó señalando que el Ejecutivo «no permitirá a nadie hacer descarrilar la democracia».

Ashraf, que llegó a ser denominado por medios locales como «alquileres Rajá», fue responsable de Energía y Agua entre 2008 y 2011, periodo en el que se le hace responsable de irregularidades en una fracasada iniciativa para paliar la escasez energética con plantas eléctricas alquiladas.

Para ello se contactó con diversas compañías privadas, pero el proceso de adjudicación fue poco transparente y la gestión de los fondos públicos suscitó numerosas sospechas de malversación que desembocaron en una causa judicial abierta en el Supremo.

«Incompetente y corrupto»

La orden de detención llegó en un momento de tensiones con el poder, cuestionado desde el lunes en pleno corazón de Islamabad por decenas de miles de personas que siguen al influyente clérigo Tahir ul-Qadri, que denuncia la «incompetencia» y la «corrupción» de las autoridades y exige la dimisión del Gobierno y la constitución de un Gabinete provisional formado, con el consenso de militares y jueces, por «personas honestas».

La protesta, la mayor organizada por la oposición en la capital desde la llegada al poder de Zardari en 2008, y la orden de detención de Ashraf han puesto contra las cuerdas al Ejecutivo a pocos meses de las elecciones, previstas para mayo.

Los seguidores de Ul-Qadri denunciaron la «dictadura civil» que gobierna en Pakistán y dijeron estar dispuestos a permanecer en la avenida Jinnah, la calle comercial más importante frente al Parlamento, que les gustaría que se convirtiera en la plaza Tahrir de Pakistán.

Ul-Qadri intervino a primera hora de la tarde con un discurso populista en el que tachó de corrupta a la clase política y denunció la falta de derechos políticos y sociales del grueso de la sociedad paquistaní. «El único derecho real de un paquistaní es a morirse», afirmó. Tildó al Parlamento de «falso» y «disfuncional» y atacó a los diputados, al tiempo que defendía al Ejército y al poder judicial.

La sociedad paquistaní está dividida ante estas movilizaciones, ya que algunos consideran a Ul-Qadri, quien regresó hace apenas unas semanas de su exilio en Canadá y lidera una importante red religiosa de caridad y de madrasas en el país y en el extranjero, un héroe reformista, mientras que otros dudan de la constitucionalidad de sus propuestas y temen que no sea más que una marioneta del poderoso Ejército, protagonista de numerosos golpes de Estado.