Como todos los últimos fines de año, en el final del 2012 y comienzo del 2013 con mayor insistencia aún, los líderes políticos en el poder o con opción de poder nos han repetido, con pose de prudencia, responsabilidad y buena voluntad, que el principal objetivo de su política será acabar con la crisis, cuanto antes, el nuevo año, como si tal final de crisis supusiera ya el final del dolor, del calvario vivido y pudiéramos considerarnos liberados de las estrecheces y volver a sentirnos como antes. Sinceramente a mí me dan risa, por no decir ardor de estómago, cuando dicen tal cosa. Creo que es necesario hacer un par de reflexiones sobre ese deseo y promesa de los políticos. Una sobre el significado de la crisis, sobre su origen y tratamiento, y otra sobre el final de la misma, pues a lo mejor nos encontramos que, en vez de esperar con ansia ese final, debemos plantearnos ahora mismo la deslegitimación del Estado.

Sin necesidad de analizar el término «crisis», simplemente observando su origen y tratamiento, nos daremos cuenta, como ya se ha manifestado por ahí, que más que crisis lo ocurrido es el resultado de una estafa. Los que decimos que es una estafa lo hacemos porque creemos que no es otra cosa que el resultado necesario de una serie de injustas estrategias políticas e ideológicas, más concretamente de la aplicación de medidas neoliberales, a las que también se les puede dar el nombre de ideología de la codicia disfrazada de teoría de la libertad de mercado.

Esas medidas neoliberales se venían aplicando en España desde los años de Felipe González en forma de pérdida de poder adquisitivo por parte de las rentas del trabajo (los salarios apenas suben al tiempo que suben los precios, lo que obliga al endeudamiento), en forma de disminución de ingresos en las arcas públicas (bajan los impuestos a las rentas más altas y se eliminan otros como el de patrimonio, sucesiones, etc.), lo cual deja al Estado sin defensas para afrontar problemas como el que vendría después. Con lo acumulado en esos años por las rentas de capital, en vez de ser invertido en economía productiva, y aprovechando la neoliberal desregulación financiera, se invierte en la burbuja inmobiliaria, participando las entidades bancarias en una orgía prestamista, prestando dinero ajeno por encima de sus posibilidades, dinero que incluso se pide a bancos extranjeros, principalmente alemanes, que serán los que luego nos pedirán que se lo devolvamos, creando una deuda privada de magnitudes escalofriantes. Y esa deuda privada, que corresponde sólo en un 9% a hipotecas particulares y un 91% a hipotecas de empresas y bancos, se reconvierte en deuda pública, y así se deja a la Administración con un déficit del 8,5%.

Si lo expuesto grosso modo se refiere al origen, en cuanto al tratamiento que propone la Administración para «salir de la crisis», es el de cuadrar las cuentas, es decir, de eliminar el déficit, imponiendo austeridad, haciendo pagar la deuda a los que no son responsables, a la mayor parte de la población, principalmente la más desfavorecida, clase trabajadora y clases medias, empobreciéndolas en poco tiempo hasta niveles de décadas atrás, al recortar brutalmente los servicios públicos: sanidad, educación, seguridad social, cultura... y al recortar los derechos laborales y los salarios, al tiempo que se deja a millones sin empleo y se suben los impuestos y los precios. Así se intenta «salir de la crisis», mediante esas medidas neoliberales, creando más desigualdad, pobreza, miseria, desahucios, enfermedad, marginalidad, incultura, humillación, sin tocar las ingentes ganancias que, al calor de esa crisis, están teniendo las clases más adineradas, las rentas del capital.

De esta manera, nos dicen, esas adineradas élites codiciosas invertirán en este país, una vez semiesclavizado, y «algún día» se recuperará el empleo y crecimiento.

A eso le llama la Administración salir de la crisis: cuadrar las cuentas, eliminar el déficit. Pero esa es una consideración de solución totalmente parcial, exclusivamente contable, y por ello ideológica, porque intencionalmente, y habiendo alternativas más justas, desconsidera el aspecto humano, desconsidera la obligación que tiene todo estado social y democrático de derecho (como «se supone» que éste es, según la propia Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977), de perseguir, entre otros objetivos, la justicia social y la igualdad, asegurando «incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el máximo de los recursos disponibles.»

Según Intermón Oxfam en el informe «Crisis, desigualdad y pobreza», «de seguir por la senda de la austeridad y los recortes, España llegaría a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2022. Nos situaríamos en un 40% de pobreza en diez años, es decir, 2 de cada 5 españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre».

Entonces, salir de la crisis de esa manera no es salir de la crisis. Es como si, en una guerra, después de haber enviado a las tropas (masa extraída de las clases más desfavorecidas) a defender los intereses de la élite que nunca se arriesga, una vez conseguida la victoria, se diga que ya se ha restablecido el orden a pesar de haberse producido, entre la mayor parte de la población, concretamente, las clases trabajadoras, miles de bajas, minusvalías permanentes, pérdidas de hogar, empobrecimiento.

Salir verdaderamente de la crisis sería, por lo menos, algo así como recuperar todo lo perdido, volviendo a la situación anterior a 2008, con compensaciones por el daño sufrido, al mismo tiempo que se depuran responsabilidades. Pero tal cosa es imposible con las medidas que se están tomando, que van en sentido contrario.

Por eso digo que una reflexión sobre el origen y tratamiento de la crisis nos pone ante la cuestión de la deslegitimación del estado, pues un estado que venía promoviendo la ascendente desigualdad entre clases sociales en momentos de bonanza económica en vez de perseguir alcanzar el estado de bienestar medio de los países del entorno; que se financia en su mayor parte con los impuestos de las rentas del trabajo pero que beneficia desproporcionadamente a las rentas del capital; que facilita, si no promueve, la especulación financiera con dinero ajeno que da lugar a un endeudamiento privado más allá de las posibilidades bancarias y a una debacle de dimensiones tales que pone al país en riesgo de bancarrota; que hace que los mismos que han propiciado esa crisis sean los que están aplicando las medidas que, supuestamente, contribuirán a superarla; que no lleva a ninguno de los responsables ante los tribunales; que entrega dinero público a los responsables de la debacle en forma de rescate; que quita aún más dinero y servicios públicos a las clases trabajadoras para dárselo a los responsables de la debacle, aún habiendo alternativas más equitativas; que al acometer esas políticas rebaja los derechos sociales, el poder adquisitivo de los sectores más débiles de la ciudadanía, llegando a aumentar considerablemente los niveles de desempleo, pobreza; que permite que los bancos desahucien a parte de la población, rebajando las condiciones sanitarias y educativas, así como las de los pensionistas, al mismo tiempo que las clases adineradas aumentan su riqueza y los directivos de los bancos que han sido rescatados con dinero público se aumentan los sueldos y bonificaciones; que ofrece a la mayor parte de sus ciudadanos, principalmente a los jóvenes, un futuro sin futuro; un estado así, creo, es un estado deslegitimado por estafador, por ser un estado fallido, por no cumplir sus funciones, los compromisos a que por ley se ve obligado.

Y deslegitimarse quiere decir no tener autoridad moral para exigir a la población más castigada un cumplimiento estricto de la ley, o para exigirle no manifestarse o no practicar la desobediencia civil; ni siquiera para exigirle no intentar hacerse con alimentos por la fuerza en casos de necesidad. Y por ello mismo, los discursos de fin de año y comienzo de año nuevo sobre ese tipo de final de la crisis son discursos vacíos y faltos, también, de legitimidad.