La administración concejil es la única que no está controlada por los partidos políticos». Ese es el fondo que para muchos esconde la pretensión del PP de modificar la Norma Foral de Financiación de Entidades Locales (FOFEL), pese a los intentos por presentar la medida como una necesaria y socorrida racionalización del gasto y reordenación competencial ante la grave situación de crisis actual.

El diputado foral de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, presentó la idea en el ámbito del Consejo de Administración y Finanzas de Araba, y la noticia puso en alerta a los concejos alaveses. La mayoría de los mismos, 252 de un total de 335, están organizados en ACOA (Asociación de Concejos Alaveses) y ya han empezado a movilizarse contra una medida que, según subrayan, representa «el mayor ataque a las competencias de los concejos jamás realizado». «Estamos hablando de competencias esenciales: suministro y depuración de aguas, y alumbrado público», destacan.

Javier Argote es presidente de ACOA. Según explica a GARA, la propuesta del PP «plantea que, a través de la norma de FOFEL, se modifique la Norma Foral de Concejos en el sentido de que `en ningún caso prestarán los concejos los servicios públicos de suministro de agua, saneamiento, tratamiento y depuración de aguas residuales y alumbrado público».

Uno de los argumentos de los proponentes para justificar la reordenación competencial se centra en que los ayuntamientos «tienen más capacidad» en el ejercicio de estas competencias. «Hablar de `capacidad' en el caso de las administraciones públicas es muy relativo y depende tanto de la distribución territorial como de la población y de la financiación», opina Argote. A su juicio, hay que poner en valor la realidad de Araba, «una distribución territorial formada por 400 núcleos diseminados y, en general, escasamente poblados». Precisamente, esa realidad demográfica es parte de la esencia de la organización en base a concejos. «Cada pueblo se administraba mediante la asamblea vecinal en todos los temas que influían en su comunidad», explica Argote sobre la filosofía que ha rodeado su funcionamiento a lo largo de siglos y que ha mantenido en Araba estos 335 concejos «con plena capacidad de decisión sobre los temas de su competencia».

Los representantes no cobran

Es en el terreno de sus competencias donde pasa desapercibida la gran labor que desarrollan las juntas administrativas. «En los concejos abiertos, la asamblea vecinal (concejo) tiene el gobierno y son sus representantes electos, la junta administrativa, los encargados de cumplir las decisiones de la asamblea vecinal», puntualiza Argote.

De acuerdo a este concepto, la junta administrativa gestiona, por ejemplo, servicios como el alumbrado, el estado de los caminos y pistas forestales, el control sobre cloradoras que garantizan la calidad del agua de consumo en sus viviendas... y tiene su máxima expresión en las llamadas «veredas», equivalentes a trabajos en auzolan, con las que los propios vecinos encaran desde la reforma de una ermita hasta la limpieza de los márgenes de caminos, entre otras muchas labores.

Esta realidad desmonta, según indican, uno de los principales argumentos que pone sobre la mesa el PP para justificar la molificación de la norma: la idea de que esta iniciativa va a servir para ahorrar dinero. «No se ahorra un solo euro; es más, probablemente se encarecerán los servicios», señala Argote, quien recuerda que, de acuerdo a la norma foral, los cargos electos concejiles no perciben ninguna retribución. «Toda la labor de administración y gestión que ahora realizan estos representantes no tiene coste económico. Nuestra pregunta es ¿va a suceder lo mismo si estos servicios los prestan los ayuntamientos?».

Otra cuestión que contradice, según exponen, la alusión al ahorro económico tiene que ver con la forma en la que la Diputación reparte lo que recauda. Según indica Argote, «de todo el dinero recaudado, primero se paga la aportación al Gobierno Vasco, el Cupo al Estado y otros gastos. Del dinero que resta, el 52% se reparte a las entidades locales alavesas (las cuadrillas -equivalentes a las mancomunidades-, los ayuntamientos y los concejos) a través del FOFEL y en base a los servicios que presta cada uno de ellos. De modo que, sea cual sea la distribución competencial, el dinero que se reparte es siempre el mismo porcentaje».

Los defensores de los concejos consideran que, muy al contrario, el vaciado de competencias puede suponer un encarecimiento de los servicios para los vecinos.

«Incómodo» para el sistema de partidos

Más allá de la cuestión económica, los defensores de esta ancestral organización local defienden que los concejos «son el máximo exponente de la democracia directa y participativa, en la que vecinos y vecinas no delegan el gobierno en sus representantes electos».

El sistema de elección también tiene sus particularidades. Explican desde los concejos que están previstas dos fórmulas. En el caso de que no haya candidatos, todos los electores están en condiciones de poder ser elegidos. La única condición es que la persona o personas votadas estén en el censo electoral. «Si hay candidatos, estos lo serán siempre a título individual e irán en listas abiertas, de las que saldrán elegidos los más votados», precisan.

Los representantes de ACOA resaltan que «esto es terriblemente incómodo para el sistema de partidos políticos», porque esta fórmula «impide no solo que haya candidaturas de partidos políticos, sino que, aunque las pudiera haber, el gobierno del concejo no corresponde a los electos porque es la asamblea vecinal la que tiene esa competencia».

Por ello, representantes y administrados por los concejos creen que «desde el Gobierno del Estado y desde el Gobierno de la Diputación se quieren dar los pasos para la eliminación de las entidades locales menores -en Álava, los concejos- y trasladar todas sus competencias y bienes, montes públicos, bienes patrimoniales... a los ayuntamientos y/o diputaciones».

En las últimas semanas los concejos se han reunido para hacer frente a lo que consideran «un ataque», por la eliminación de competencias y por lo tanto de financiación «que nos puede abocar a la desaparición».

Tuvieron una asamblea el pasado día 5, en la que decidieron por unanimidad solicitar la retirada de este proyecto. Al mismo tiempo, un grupo de concejos, apoyados por la asociación, han iniciado una campaña bajo el lema «Respetad Araba. Kontzeju errespetatu», que van a llevar a todos los pueblos.

Otra de las citas importantes será este viernes. «Estaremos con el diputado general de Álava para transmitirle la oposición de los concejos y la petición de que no presente ese proyecto de norma», anuncian.

Medidas de defensa a valorar

De perseverar el Gobierno foral del PP en su propósito por restar competencias a los concejos, ACOA no descarta otras medidas. Apuntan que valorarán aplicar el pase foral -«se acata pero no se cumple»- e incluso no descartan recurrir a los tribunales. «Esperamos que la racionalidad impere en el equipo de gobierno de la Diputación y, en vez de pretender eliminar competencias a los concejos, se fortalezca a los mismos dotándolos de los recursos imprescindibles para hacer una buena gestión de su territorio».

Estiman que es necesario «un acuerdo entre las administraciones locales y la Diputación para el reparto del FOFEL», que «naturalmente deberían refrendar los grupos políticos en Juntas Generales». Quieren hacer llegar a la opinión pública que «si desaparecen los concejos, perdemos la administración más cercana en la que sus vecinos y vecinas pueden participar y decidir sobre los servicios básicos y el uso y aprovechamiento de sus bienes, tanto comunales como patrimoniales».

Argote pone el acento en el carácter y en la tradición. «Desaparece una forma de gobierno, la única que nos queda, en la que no se delega el gobierno mediante el voto cada cuatro años», indica, al tiempo que agrega que con los concejos «perdemos nuestra propia personalidad como pueblos».

Desde ACOA apelan a la conservación de estas entidades atendiendo al «arraigo y defensa de esta institución por parte de sus vecinos y vecinas», que viene dado no solo por su forma de gobierno, sino también por una trayectoria histórica: «No podemos olvidar que los concejos fueron uno de los `poderes' que fundaron el Territorio Histórico de Álava y, por ende, dieron lugar a la formación de las propias Juntas Generales (parlamento alavés)».