El Gobierno de Lakua aprobó ayer las directrices del proyecto de Presupuestos del presente ejercicio, en el que prevé, entre otras medidas, la congelación salarial de los trabajadores públicos. Ricardo Gatzagaetxebarria fue el encargado de detallar las intenciones del Ejecutivo, sin embargo, es posible que dentro de unas semanas lo expuesto por el consejero de Economía y Hacienda no ocupe un lugar prominente en el debate presupuestario. No al menos para aquellas formaciones que han convertido la obligación de sacar adelante sus cuentas en un intercambio de favores donde prima la aritmética sobre los objetivos, y el interés partidista sobre el ciudadano.

El espectáculo que PNV y PP han dado con las negociaciones en torno a los presupuestos de Bizkaia, Araba y Gasteiz es poco edificante. Huelga decir que estos dos partidos tienen toda la legitimidad para acordar con quien quieran los ingresos y gastos de las instituciones que están en sus manos. Y es lógico que se encuentren en el camino, si atendemos a su afinidad en materia socioeconómica. Pero, precisamente, debería ser esa coincidencia programática la que les condujera al acuerdo, y no la constatación de que se necesitan mutuamente allá donde gobiernan, metiendo en el mismo lote realidades y necesidades diferentes. ¿Acaso PNV y PP van a dejar de aprobar unos «buenos presupuestos», como dijo Andoni Ortuzar, en una institución porque no hay acuerdo en otra? Parece mentira, pero han estado semanas negociando en esos términos.

Con todo, anteponer los números al proyecto tiene riesgos en términos estratégicos. El ejemplo más claro se da en Araba, donde en poco más de año y medio la formación jeltzale habrá pasado de poder formar parte de una alternativa de gobierno a convertirse en el principal valedor de Javier de Andrés y Javier Maroto. Gobernar en minoría siempre exige cintura, pero los alaveses y vizcainos tienen derecho a preguntarse si los presupuestos de 2013 los han hecho pensando en ellos.