Más de 57.000 ciudadanos de Hego Euskal Herria se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios que, además de pedir la paralización de las ejecuciones hipotecarias, reclama la dación en pago retroactiva y el alquiler social de la vivienda. Se trata de una iniciativa a nivel estatal que será debatida en el Congreso de los Diputados dentro de seis meses, después de haber entrado a trámite en diciembre al haber superado las 500.000 adhesiones.

Por herrialdes, en Gipuzkoa se consiguieron 27.507 firmas, en Nafarroa 14.136, en Bizkaia 12.108 y en Araba alrededor de 4.000, según los datos aportados por las plataformas anti desahucios.

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, junto a una docena de afectados, compareció ayer ante la prensa en Donostia para valorar el recorrido de la iniciativa desde que se pusiera en marcha hace nueve meses, y agradeció a los miles de ciudadanos que han aportado su firma, haciendo posible que el debate llegue al Congreso español.

Igone Aldaregia, en representación de la plataforma, hizo hincapié en la necesidad de modificar la ley hipotecaria, que tiene ya más de cien años. Además de tratarse de una ley obsoleta, señaló que es «sin duda de las más severas de toda Europa». De hecho, según afirmó, 400.000 familias han sido desahuciadas de sus viviendas desde el comienzo de la crisis. Además, unas 150.000 familias más están en inminente riesgo de perder su casa.

Las modificaciones que pone sobre la mesa la ILP son la dación en pago retroactiva en la ejecución hipotecaria, la paralización de los desahucios cuando se trate de una vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la voluntad del implicado, y el alquiler social de la vivienda por un importe no superior del 30% de los ingresos mensuales del afectado.

Aunque se mostró satisfecha con el resultado de la campaña, Aldaregia advirtió de que «esto no es el final del camino. Es solo el comienzo. Vamos a lograr que todos los diputados se retracten ante el clamor social contra los desahucios y si se niegan a aprobar esta modificación legal les advertimos que tendrán que atenerse a las consecuencias de dar la espalda a la ciudadanía», concluyó.

Acuerdo con Kutxabank

Entretanto, la plataforma Kaleratzeak Stop Araba informó que ayer a la tarde se cerró un acuerdo entre Caja Vital (Kutxabank) y una vecina de Gasteiz que iba a ser desahuciada de su vivienda el pasado 11 de enero.

El proceso quedó en suspenso hasta que ambas partes firmaron ayer un acuerdo por el que se divide en dos la deuda «solidaria» que soportaba la afectada, quedando la otra mitad a cargo de su expareja, que está en estos momentos ilocalizable.

Según Stop Kaleratzeak, con dicho acuerdo se reduce la deuda de la afectada en aproximadamente un 70% de su cuantía, pasando de 200.000 a 60.000 euros con un interés de financiación «más gradual que hace más factible su abono». Asimismo, se han retirado los intereses acumulados de demora y se han retirado los gastos procesales.

Sin embargo, la entidad ha rechazado la petición de la afectada para poder seguir residiendo en la vivienda con un alquiler social. La plataforma criticó la actitud de la entidad en este aspecto y recalcó que ésta «acumula una cantidad de pisos vacíos». Al respecto, consideró «puro cinismo» que Kutxabank se «vanaglorie» de haber cedido 150 pisos para familiares desahuciados al banco malo «cuando al mismo tiempo sigue desahuciando».