PROCESO SOBERANISTA EN CATALUNYA
El Parlament reivindica hoy su soberanía pese al rechazo del PSC
El Parlament votará y aprobará hoy la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán acordada en última instancia por CiU, ERC e ICV-EUiA. Un texto que reivindica a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano» y que contará también con el apoyo crítico de la CUP. El PSC, finalmente, quedó fuera del acuerdo, por lo que la única duda es si se abstendrán o votarán en contra.
Beñat ZALDUA | BARCELONA
Tras dos semanas de intensa negociación entre CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, el Parlament de Catalunya votará en el pleno de hoy la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán. Han sido CiU, ERC e ICV-EUiA los que han llegado a un acuerdo para consensuar el texto que, como los anteriores borradores, sigue reivindicando a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano».
Del documento final, sin embargo, han caído las referencias al Estado propio, centrándose sobre todo en el derecho a decidir, tal y como pedían PSC e ICV. También a petición de los ecosocialistas, en el nuevo texto se lee que el Parlament «tiene un papel principal en este proceso y, por lo tanto, se tendrán que abordar y concretar mecanismos y dinámicas de trabajo que garanticen este principio». La inclusión de varias propuestas de ICV-EUiA permitió, a última hora del lunes, sumarlos al acuerdo, por lo que la Declaración tiene garantizado el apoyo de, como mínimo, 84 diputados de un total de 135.
La Declaración final no recoge, sin embargo, las demandas de la CUP, por lo que la formación independentista decidió mantener su propuesta -que se votará también hoy- y dar un sí crítico al documento mayoritario. Sin conocer la decisión del secretariado nacional reunido ayer tarde, los tres diputados podrían expresar su posición crítica dividiendo su voto, con dos abstenciones y un voto a favor, o viceversa -como hizo la izquierda abertzale en 2004 con el Plan Ibarretxe-.
La crítica de la CUP se basa en que la Declaración y, por lo tanto, el proceso soberanista, «empiezan con renuncias», señaló el diputado Quim Arrufat. Los independentistas lamentan que los Països Catalans queden reducidos a una «eufemística» mención en el preámbulo, que la Declaración mantenga la referencia a la Unión Europea como objetivo futuro de Catalunya y que ponga al Parlament en el epicentro del proceso, en vez de a la sociedad y a la movilización popular.
El PSC, fuera de juego
En las antípodas de la crítica de la CUP se sitúa el PSC, que como venía anticipándose en los días anteriores, ayer anunció que no votará a favor de la Declaración de ninguna de las maneras. Estirando la retórica hasta límites desconocidos, el secretario general del PSC, Pere Navarro, no tuvo reparo alguno en declarar que «los únicos que estamos a favor del derecho a decidir somos los socialistas». Navarro justificó semejante declaración señalando que «los otros nos llevan a una declaración que prefigura el final».
En lo que parece una defensa acérrima de la consulta, añadió: «Si defendemos el principio del derecho a decidir, no podemos señalar el final del camino, sino el hecho de que los ciudadanos podrán ejercer este derecho en una consulta acordada y legal».
Precisamente, la cuestión de la legalidad ha sido uno de los puntos en los que el PSC no ha querido ceder en ningún momento. En la Declaración acordada por CiU, ERC e ICV-EUiA se emplaza al Parlament a utilizar «todos los marcos legales» para hacer efectivo el derecho a decidir, mientras que los socialistas insisten en limitarse a «la legalidad vigente», que no es otra que la Constitución española, que niega tajantemente la posibilidad de ejercer dicho derecho. Como si fuera una broma de mal gusto, Navarro volvió a poner ayer como ejemplo a Quebec y a Escocia, que sí que han respetando la legalidad vigente. Ninguna referencia, sin embargo, a la predisposición de Canadá o Gran Bretaña a facilitar un referéndum de autodeterminación.
Estos malabarismos lingüísticos caen por su propio peso al leer su propuesta alternativa, en la que, precisamente, el concepto de soberanía no aparece ni una sola vez. Cómo defender el derecho a decidir de Catalunya y, al mismo tiempo, negar su soberanía, es algo que solo el PSC entiende y que el resto de Catalunya agradecería que explicase.
De hecho, su discurso no solo chirría en el resto de grupos políticos, sino que está levantando ampollas en el sector más catalanista del partido, cuyas voces más críticas se dejaron oír a ayer. La exconsellera Montserrat Tura aseguró que «muchas personas del PSC» están incómodas ante la negativa del partido a apoyar la Declaración. El también exconseller Joaquim Nadal declaró que no ve «ningún motivo» para que el PSC no vote a favor y añadió que «esto puede acabar mañana -por hoy- en una situación comprometida».
Ese malestar se refleja en la petición de cinco diputados -cuyos nombres no trascendieron- de permitir hoy la libertad de voto. Navarro negó tajantemente dicha posibilidad, por lo que la votación se vivirá con expectación para ver si algún diputado socialista se rebela como en la legislatura pasada lo hiciera Ernest Maragall, hoy en día fuera del partido. Sea como sea, la incógnita principal es saber si la dirección del PSC optará por la abstención o, directamente, por el voto en contra.
Aunque cualquiera de las opciones le retratará, si opta por oponerse a la Declaración, la foto junto al PP y Ciutadans podría configurar definitivamente el escenario político para el resto de la legislatura. El PSC quedaría encuadrado en el campo unionista, junto a un PP que hoy presenta una contra-Declaración en la que ignora cualquier proceso soberanista -centrándose en la crisis y prometiendo mejorar la financiación de Catalunya-, y junto a los nueve diputados de Ciutadans que, más papistas que el Papa, insisten día tras día al Gobierno español en que utilice cualquier mecanismo legal que tenga para frenar la votación de hoy.
Tensión creciente en CiU
El PSC no es la única formación en la cual el proceso soberanista genera tensiones internas. Desde el bajón electoral del 25 de noviembre, el líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, no ha ocultado su reserva sobre el proceso soberanista, lo que ha generado gran malestar en los socios de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Sin ir más lejos, la agrupación de CDC en Barcelona aprobó la noche del lunes una declaración en la que criticó duramente las constantes declaraciones de Duran contra el proceso y emplazó a los órganos de los partidos y la federación a «poner fin al desprestigio» que supone.
Así las cosas, es probable que hoy se dé la paradoja de que algunos diputados del PSC se abstengan o voten en contra de una Declaración que quisieran aprobar y otros diputados de UDC hagan lo propio, pero en sentido inverso. Paradoja que refleja las tensiones internas generadas por el proceso y que no harán más que acrecentarse conforme avance.
Unió ha retado a CDC a replantearse los acuerdos de federación tras las críticas públicas de la dirección barcelonesa de Convergència a Josep Antoni Duran Lleida, lo que ha tensado las relaciones en CiU a pocas horas del debate parlamentario.
El PSC no ha concretado en la larga reunión de su grupo de esta tarde cuál será su orientación de voto y pretende agotar las últimas horas hasta el inicio del pleno para consensuar posiciones con CiU, ERC e ICV-EUiA.
Las demandas de la CUP no han sido recogidas en el documento que se someterá a votación, por lo que la formación independentista ha decidido mantener su propuesta, que también se votará hoy, y dar un sí crítico al texto mayoritario.
Aralar considera que Euskal Herria debe apoyar y prestar atención a los procesos soberanistas en Catalunya y Escocia y su responsable del área internacional, Inaki Irazabalbeitia, estará hoy en el Parlament.
Así de claro lo expresó ayer el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que informó que Catalunya cerró 2012 con un déficit público del 2,3%, casi un punto por encima del 1,5% impuesto por el Estado español a las autonomías. Algo que, al menos sobre el papel, permitiría la entrada de los técnicos del Ministerio de Hacienda en las cuentas catalanas, según recogen las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que Catalunya se acogió.
De esta manera, el mismo día en el que el Parlamento Europeo pidió al Banco Central Europeo (BCE) que trate la deuda de las regiones con poder legislativo y fiscal como deuda soberana -lo que podría permitir la emisión de bonos y abaratar los intereses-, el Gobierno español se encontró encima de su mesa con un mecanismo más para apretar a Catalunya a través del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, uno de los más belicosos en contra del proceso soberanista catalán.
De hecho, el Ministerio de Hacienda fue uno de los objetivos de las críticas de Andreu Mas-Colell, que aseguró que si el Gobierno de Madrid cumpliera con Catalunya y el reparto del déficit entre el Estado español y las autonomías fuese más justo, no hubiesen tenido problemas para cumplir el objetivo de déficit. Teniendo en cuenta que el objetivo de déficit para el Estado es del 6,3%, el conseller aseguró que «la cosa más razonable es que, si las comunidades asumen un tercio del gasto, el déficit sea un tercio del total, es decir, de más del 2%». En cuanto a los incumplimientos por parte del Estado, se refirió, entre otros, a la reducción de las transferencias previstas en el modelo de financiación, al incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut y a la no compensación por el aumento del IVA. Citó también la penalización por el retraso en el pago de los recursos a la Seguridad Social a raíz de la demora del Estado a la hora de abonar los recursos previstos en el Fondo de Liquidez Autonómica.
Sin dichos incumplimientos, el conseller aseguró que el déficit catalán se habría situado en el 1,53%.
Junto a Mas-Colell, en la rueda de prensa compareció también el president, Artur Mas, que insistió en que el Estado «ahoga» a Catalunya a través del estricto control del déficit, obviando que la Generalitat también se autoimpuso dicha restricción aprobando una Ley de Estabilidad Presupuestaria con los votos de CiU y PP. Pese a ello, insistió en el también obvio ahogo español, por lo que consideró «justificado» el camino emprendido hacia el ejercicio del derecho a decidir. B.Z.
