PNV y PP rubricaron ayer en Bilbo su acuerdo presupuestario. Unos trataron de ensalzar los cambios introducidos en las cuentas y los otros intentaron superar el mal trago que ha supuesto la demora en la tramitación del proyecto por el «traspiés alavés» y el «borrón» en su -publicitada hasta la extenuación- «gestión eficaz». El pacto -al que la portavoz jeltzale, Lorea Bilbao, negó carácter de «alianza» diciendo que «empieza y termina con los presupuestos para 2013, nada más y nada menos»- supone un mínimo retoque a las previsiones de gasto fijadas por el Ejecutivo de José Luis Bilbao.

A consecuencia del acuerdo, el PP retirará parte de las 85 enmiendas parciales que registró, aquellas que no tengan que ver con los asuntos negociados, y se abstendrá en la votación de las iniciativas de Bildu y PSE, que decaerán así. En el pleno definitivo, a mediados de febrero en Gernika, el PP se abstendrá.

Desde la cuarta fuerza política en representación en las Juntas Generales se estima que así ayudan «a la estabilidad política, económica y social de Bizkaia», añadiendo que se trata de «un acuerdo para el futuro, aparcando el pasado».

Lorea Bilbao agradeció al PP que haya «encontrado una fórmula para que Bizkaia tenga presupuestos», después de que, tras las «llamadas al diálogo» hechas por la Diputación a los partidos, Bildu «cerró muy pronto toda posibilidad de acuerdo» y con el PSE «no fructificó» el acercamiento.

Por mucho que la portavoz del PP, Esther Martínez, llegara a decir que su partido ha conseguido «el presupuesto más social de la historia de Bizkaia», lo cierto es que los ajustes introducidos -por valor de 5,5 millones de euros- no alcanzan el 0,53% del disponible departamental para el ejercicio, cuantificado en 1.040,7 millones. Es más, ni en aquellas partidas en las que los socios trataron de incidir el cambio es tan radical como se anunció.

La mitad de lo reducido

En el capítulo de las ayudas a la dependencia, se incrementará la partida en 3 millones de euros para atender a los niveles más leves. A raíz de los recortes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó de financiarlas vía Cupo, aunque la Diputación vizcaina las complementó en 2012 hasta que, en este ejercicio, decidió reducirlas en 6 millones de euros, la mitad de lo que ahora se dice recuperar y que se destacó del acuerdo. Queda por aclarar cuántas personas son finalmente las beneficiadas por el retoque y el número de excluidas.

También en materia de Acción Social se dedicarán 50.000 euros a la creación de un programa de apoyo y asesoramiento sicológico y jurídico para personas mayores a través de un convenio de colaboración. Además, con 65.000 euros se aumentará el número de plazas concertadas en centros ocupacionales para reducir la importante lista de espera.

Para las personas mayores, a las que se ha quitado el programa de viajes Adineko, se les ofrecerá la «nagusi txartela», que incorporara en una primera fase servicios públicos forales que ya se les vienen prestando.

La financiación de la UNED se dotará con 120.000 euros y otros 100.000 irán a mantener clubes deportivos no profesionales. Para mejorar y mantener áreas de esparcimiento por el herrialde se otorgarán otros 100.000 euros, los mismos que se aportarán para la instalación de un sistema de videovigilancia en los túneles del barrio baracaldés de Lutxana o los 80.000 para implantar una estación de control del caudal del río Gobela en Getxo.

PNV y PP hacen suya una reivindicación del resto de la oposición, como es que los pisos que no se han logrado vender en el frustrado programa foral de vivienda -se cifran en 80- se destinen a personas afectadas por desahucios. Queda por determinar qué administración lo gestionará y quiénes serán los beneficiarios. En su día, Bildu propuso un alquiler social.

Para la reactivación comercial, se incrementa en 300.000 euros los fondos de los programas de apoyo destinados ahora a la concesión de microcréditos sociales y financieros tanto para la apertura de establecimientos como al mantenimiento de los existentes.

Los vecinos de Ermua no verán satisfecha su reivindicación histórica de que se construya la variante, en palabras de Martínez por la oposición jeltzale. En cambio, el PNV se muestra dispuesto a que se construya una pasarela y se desdoble la carretara BI-3732 en ese sector, todo ello dentro en un proyecto más amplio de remodelación del vial de Santo Domingo.

En ese tramo conflictivo de la red viaria vizcaina se han registrado en la última década más de 600 accidentes, algunos de ellos mortales. Repetidamente la oposición en la Cámara ha solicitado el inicio de las obras de desdoblamiento -cuyo coste supera los 31 millones de euros-, aunque los responsables forales no la consideran prioritaria. Ahora, se crea en el Departamento de Obras Públicas una partida de carácter plurianual para iniciar los trabajos, con 200.000 euros para 2013, 800.000 en 2014 e idéntica cantidad en 2015.