Ahora estoy muy contenta, pero me llegas a ver hace un día y estaba como un flan». Paquita Saavedra, de 36 años, recibe en su casa con una sonrisa de alivio que no le cabe en la cara. En 24 horas ha pasado de la angustia de empaquetar sus pertenencias y la incertidumbre de no saber cuál sería su próximo techo a respirar aliviadísima por la decisión de un tribunal. La fecha fatídica venía grabada en una orden de desahucio. El 25 de enero, hace dos días, estaba previsto que llegase la caballería del desalojo para echarles del piso que mantienen ocupado. Una juez de Madrid, siguiendo una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que paró un caso similar ocurrido en Vallecas hace un mes, les ha permitido seguir en el piso. «La actividad del movimiento popular ha puesto sobre la mesa esta cuestión y pone al Reino de España en el ojo del huracán. Está violando derechos fundamentales», señala Rafa Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

El caso de Saavedra es paradigmático. Hace año y medio, su marido, Alberto Simón, irundarra de 37 años, y ella, agotaron todas las existencias económicas. Les echaron de la casa donde residían alquilados con sus dos hijos: Rubén, de 8 años y Dani, de 6. Ese mismo día, ante la falta de perspectivas, pegaron una patada en la puerta del domicilio que actualmente ocupan, que es propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda, entidad municipal dedicada, según su declaración de intenciones, a facilitar el acceso a techo a las «personas con más dificultades». Lo de la patada en la puerta es en sentido figurado. La familia se cuidó mucho de causar cualquier desperfecto que pudiese volverse en su contra. Además, escogieron un piso que llevaba cinco larguísimos años vacío, cogiendo polvo, mientras ellos podían verse en la calle. No es el único caso. Si uno baja las escaleras de su mismo bloque se encuentra con una chapa metálica que blinda el acceso de otro domicilio, exactamente igual al suyo, que permanece vacío. Una cruel metáfora que señala directamente a unas promociones que, en principio y según la teoría, debían de utilizarse para dar una salida a quienes no tienen opciones.

Demandan un alquiler social

«Quiero un alquiler social. Sé que este piso no es nuestro, pero de este modo no hacemos daño a nadie», señala Saavedra. Recuerda las dificultades para acceder a una vivienda, aunque sea protegida. Ya han perdido la cuenta del número de solicitudes enviadas, todas ellas en vano. «Si me dicen que van a realojar aquí a una familia y que nos darán una alternativa, nos marchamos», argumenta. Abiertos a las soluciones están. Lo que no pueden permitir es dejarse empujar al abismo. «Estoy luchando por un piso ocupado, cierto. Pero también es verdad que, o luchas, o te vas a la calle». Para quienes dicen que ocupar es muestra de querer aprovecharse, la mujer les lanza un recado. «¿Creen que si tuviésemos dinero no pagaríamos? A nadie le recomendaría vivir así».

«Llevo seis años sin trabajar. Cada vez que llevo un currículum me dicen que no doy el perfil», lamenta Saavedra. Simón aguantó un poco más. Pero lleva cuatro años sin un empleo estable. En aquellos días felices de la burbuja inmobiliaria trabajó a destajo en la obra. Ahora, la construcción se ha venido abajo. Y con ella, los ingresos. «Vivíamos de alquiler a dos calles de aquí. Pero dejamos de pagar porque no teníamos nada», relata la mujer. ¿Cuánto es nada? Apenas 350 euros en los meses buenos, que el matrimonio reúne de aquí y de allí para pasar el mes. Un alquiler, por mínimo que sea, siempre supera los 400. Y no se puede olvidar una máxima: el principal objetivo es que a sus hijos no les falte de nada. Para salir adelante, ella da de comer a un anciano y cobra unos 120 euros al mes. El resto lo completan con chapuzas con consigue él o los recursos más variopintos: muestreos de mercado, es decir, probar productos que están a punto de salir o acudir como público a la televisión. «Te pagan a veces en tiquets de El Corte Inglés. Algo es algo», dice Simón.

La experiencia de ser expulsada por una renta que no podían asumir resultó traumática. «Sí tiene razón... la casa es suya y no le pagábamos», musita Saavedra. Como sabía que hacer frente a otro alquiler era una tarea titánica con pocas perspectivas, terminaron de ocupas. Eso sí, en un piso que, como habían comprobado previamente, llevaba cinco años sin recibir inquilinos. Entraron y comenzaron una nueva vida. ¿Los muebles? Algunos de la basura y otros de regalo. ¿La comida? Haciendo malabarismos. Cuidar a los chavales y buscar trabajo, ese peregrinaje ingrato, completan el calendario de la familia. Y así permanecieron durante un año hasta que, en noviembre de 2012, les llegó esa fatídica comunicación que ponía caducidad a su estancia. Entonces tomaron contacto con la (PAH).

Europa abre la vía a los recursos

Sobre la mesa del salón, Saavedra muestra el papel que convocaba a la protesta contra su desahucio. «Si esto se soluciona definitivamente, lo voy a enmarcar», asegura, nerviosa. Puede que esa luz al final del túnel esté cerca. La juez ha estimado el recurso interpuesto por sus abogados y prohíbe expulsar a esta familia porque su caso es de primera necesidad. Se acoge a una cautelar del TEDH que paralizó un desahucio similar hace poco más de un mes. El IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid, dependiente de la Comunidad) quería echar de casa a una madre y sus dos hijos sin aportar alternativas. Los magistrados europeos lo han frenado. «Es un antecedente interesante. Ya no es que haya pisos vacíos, que es un escándalo, sino que la administración no puede expulsar sin ofrecer una alternativa», dice Mayoral.

«Te puede pasar a ti, a tu primo, a tu vecino», afirma Saavedra. ¿Un mensaje para quien se vea amenazado por la inhumanidad de quedarse en la calle? «Que se muevan, que no les de vergüenza». Mientras, enumera todos los pisos vacíos que conoce. Desde la PAH ya advirtieron el jueves de que las ocupaciones podrían multiplicarse. En un Estado donde 6 millones de habitáculos permanecen sin inquilinos, lo que deberían de juzgar los magistrados es porqué se tapian mientras las familias están en la calle.