Tanto en Euskal Herria como en Catalunya, al igual que en el vórtice madrileño del españolismo, hay un cierto lobby político-mediático que intenta esconder su legítimo rechazo al independentismo vasco o catalán detrás de conceptos que ellos califican de universales y democráticos.

Lo de universal no se sostiene porque basta con comparar, por ejemplo, los mapas políticos de Europa en la actualidad, en 1980, en 1938 y en 1914 -por no retroceder en el tiempo más de cien años- para darse cuenta de que los estados cambian de forma, surgen o desaparecen tan habitualmente que cualquier cartografía de este tipo nace con fecha de caducidad.

Para concretar un poco más este concepto, se podría decir de forma burda que, históricamente, los alsacianos han sido «franceses» cuando no han sido «alemanes», y «alemanes» cuando no han sido «franceses». Y no por estar englobados en un estado o en el otro han dejado de ser alsacianos, aunque tampoco hay que obviar que la influencia francófona ha ido limando el número de hablantes de la lengua germánica. Bueno, pues sin entrar en debates, está claro que el pueblo alsaciano existe y que su identidad no está ligada intrínsecamente con la identidad francesa ni con la alemana.

Este rodeo viene a cuento porque muchos unionistas «progres» se aferran a la Historia para afirmar que, como en los últimos siglos el mapa de la España peninsular apenas se ha modificado, no es posible cambiarlo ahora porque lo pida la mayoría de los catalanes (por razones obvias, se olvidan de lo que fue aquel «imperio donde no se ponía el sol»).

En cuanto al supuesto carácter democrático de su posición, el debate no da más que para el intercambio de un par de frases, porque realmente de lo que hablan es de imposición. Resumidamente, afirman que la defensa de la unidad de España es democrática y que, por contraposición, la apuesta por la independencia de Catalunya o de Euskal Herria es antidemocrática. La trampa está en el ámbito de decisión, porque ellos sostienen que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» y que, por tanto, solo España tiene derecho a decidir el futuro de Catalunya o de Euskal Herria. Si leen despacio esta última frase entenderán que no hay debate posible y que separarse es una opción más que razonable.