El texto aprobado por el Consejo de Ministros tiene como objetivo, según explicaba el viernes la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, «asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas». Sin embargo, ello afectará a las normativas autonómicas que regulan el acceso y ejercicio de actividades y circulación de producto, y acarreará una rebaja en la exigencia de requisitos a las empresas y prestadores de servicios.

La licencia única permitirá que las empresas la soliciten en una comunidad y comercialicen sus productos en todo el Estado español sin requisito adicional, bajo el principio de «confianza mutua», es decir, que una autonomía se fíe» de aquella que da la licencia.

Según algunos de los ejemplos que puso la vicepresidenta española, se pretende evitar situaciones como que un fabricante de máquinas recreativas deba producir varias versiones de un aparato para adaptarlo a las diferentes normativas autonómicas o que una empresa alimentaria tenga que incluir en el etiquetado especificaciones distintas en función de dónde se comercialice.

Pero la nueva Ley también obligará a una comunidad autonómica a que permita ejercer su profesión a un fontanero que provenga de otra comunidad autonómica con la única autorización de aquella comunidad, o le prohibirá exigir a una empresa, como requisito para participar en un concurso público, que tenga la sede en su territorio.

Soraya Sánez de Santamaría insistió en que el nuevo texto «no es una ley de armonización ni de recentralización de competencias», algo que no comparten los diputados de Amaiur, que consideran que «bajo la disculpa de la unidad de mercado, se pretende ir a una recentralización del Estado», recortando nuevamente «los retazos de soberanía» que aún están en vigor. Recuerdan en este sentido que la unidad de mercado no se circunscribe a un solo estado, ya que «es un concepto europeo que afecta por igual a Euskal Herria, Luxemburgo, Baviera o Escocia».

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds Joan Coscubiela, que acusó al Gobierno de Rajoy de «estar secuestrado por los intereses de las multinacionales», señaló que este proyecto se sitúa «no solo por encima del marco legislativo de algunas comunidades, sino «lo que es más grave, por encima de los intereses de los ciudadanos».

«Desregular todo lo regulado»

Pese a afectar de lleno a las normativas de las comunidades autonómicas, el acuerdo del Consejo de Ministros apenas ha levantado reacciones -ni Gasteiz ni Iruñea han dicho nada al respecto- y solo la Junta de Andalucía ha hecho público su rechazo, al considerar que supondrá «desregular todo lo regulado» por cada comunidad autonómica, lo que provocará «descontrol y desprotección», al tiempo que provocará una «rebaja en el listón de calidad» de las empresas.

A juicio de la Junta, la norma que prepara el Gobierno español, al pretender suprimir obstáculos y agilizar el desarrollo de la actividad económica, elimina requisitos de las empresas y prestadores de servicios, lo que supondrá «menos garantías y protección» para los consumidores y usuarios.

«Paraíso empresarial»

Precisamente, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, sostiene que el anteproyecto de Ley da lugar a un «paraíso empresarial» similar al paraíso fiscal creado a través de la amnistía, por el que las empresas exigirán a las comunidades que recorten la protección de los consumidores para instalarse en su territorio.

Como ejemplo, Sánchez explicó que Catalunya cuenta actualmente con un estatuto del consumidor que obliga a las grandes empresas allí instaladas a tener teléfonos de atención al cliente. Ahora, con la nueva norma, si una empresa como Iberdrola tiene la sede en Madrid, que no cuenta con ese mismo estatuto, no estará obligado a facilitar ese número de atención al cliente cuando se instale en Catalunya.

A su parecer, la ley, que no tiene precedentes y es muy «peligrosa», supone un auténtico «engendro legal» para satisfacer los intereses empresariales dando lugar a un conflicto de competencias «brutal» entre las comunidades.

Amaiur también se refirió a este aspecto al señalar que «se insiste mucho en eliminar las trabas a las empresas de distribución». Con ello -agrega la formación- «lo único que se va a conseguir es seguir eliminando empleo, puestos de trabajo y generación de riqueza en las empresas locales, favoreciendo a las grandes empresas multinacionales e imponiendo un modelo social y productivo cada vez más alejado de la gente, que provoca una desertización económica de los ámbitos locales».

Otro de los elementos negativos, a juicio de Amaiur, será la marginación de las lenguas propias y oficiales, por ejemplo, en el etiquetado a la hora de ofrecer bienes y servicios, generando una situación de discriminación lingüística.

Las que sí han acogido con satisfacción la Unidad de Mercado han sido las grandes cadenas de distribución, integradas en la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), que agrupa a compañías como Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés, Eroski o Lidl.

Su director general, Aurelio del Pino, indicó que la distribución comercial y más especialmente las cadenas de ámbito estatal, están sometidas a muchas legislaciones sectoriales en materia de comercio, consumo, fiscalidad, transportes o medio ambiente que «a veces encarece y dificulta la actividad empresarial». Por lo que aseguró que «hay que eliminar de la normativa cualquier restricción injustificada y desproporcionada».

Establecer criterios

La normativa que pretende sacar adelante el Gobierno español establece también la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano que establecerá criterios para «evitar la actual dispersión normativa», estará presidido por el ministro de Hacienda y contará con la participación de los consejeros autonómicos del ramo.

Además, facilitará que los ciudadanos puedan denunciar ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los actos o sanciones de las administraciones públicas que consideren que vulneran la unidad de mercado. La CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud y, en caso de que la admita a trámite, interpondrá recurso ante autoridad judicial.

La Ley constituye una de las reformas «más importantes» incluidas en el plan enviado a Bruselas con el objetivo de elevar la competitividad de la economía. Según los cálculos del Ministerio de Economía, permitirá aumentar la productividad el 1,23%, lo que tendría un impacto en el PIB de 1,52 puntos en diez años.