Durante la última campaña electoral, el PSE se presentó ante la sociedad como un muro contra los recortes impuestos por el Gobierno de Madrid. El exlehendakari, Patxi López, acudió a los mítines de su formación destacando que él no aplicaría los tijeretazos de Mariano Rajoy. Sin embargo, mientras el candidato socialista anunciaba su intención de mantener todos los servicios sociales, la portavoz de su Ejecutivo, Idoia Mendia, dejaba en la cuneta a los presos de segundo grado de la CAV.

Así lo recuerda el presidente de la Comisión Antisida de Araba (Sidálava), Miguel Ángel Ruiz, que no se muerde la lengua al denunciar que los recortes aplicados por Mendia en el Departamento de Justicia han provocado el cierre temporal de un piso destinado a los presos sociales de régimen ordinario. Según detalla, las medidas de ahorro diseñadas por el anterior Gobierno autonómico han acabado con un programa pionero en Euskal Herria.

«Ahora la viabilidad económica del proyecto está en entredicho porque el Gobierno vasco anterior, la anterior Dirección de Justicia, nos dejó absolutamente tirados y solos. Y solos no podemos seguir manteniendo este recurso durante todo el año», explica mientras lamenta que la crisis económica ha puesto contra las cuerdas a los agentes sociales de la CAV. «Los tiempos son complicados para mantener determinados proyectos sociales», sostiene.

En cuanto al piso destinado para presos de segundo grado, situado en el barrio de San Martín, al oeste de Gasteiz, Ruiz destaca que su funcionamiento corría a cargo de la Comisión Antisida, aunque su coste, unos 80.000 euros, estaba cubierto con las ayudas del Ejecutivo autonómico. Esta unidad residencial, en la que trabajaban dos profesionales, daba servicio a nueve presos sociales. Nueve personas a las que se permitía abandonar durante el día la prisión de Zaballa para poder recibir cursos y tratamientos en la capital alavesa.

Pese a que esta opción viene recogida en el Reglamento Penitenciario, no es común ver este tipo de recursos en otros lugares, ni en Euskal Herria ni en las comunidades autónomas que componen el Estado español. «No se hace porque nadie ha planteado un programa de apoyo mínimo para que los presos en segundo grado puedan salir a la calle», explica al tiempo que defiende la labor ejercida por Sidálava.

Ruiz relata que, durante los seis años en los que ha estado funcionando, el piso ha acogido a más de noventa presos, ya fueran de Langraitz o de Zaballa. Estos internos, que acudían al recurso asistencial de la Comisión Antisida en una «fase temprana» del cumplimiento de la condena, recibían cursos de formación profesional en Diocesanas y Jesús Obrero, o acudían a tratamientos para poder hacer frente a adicciones.

En este sentido, señala que los integrantes de Sidálava apoyan el trabajo en la comunidad como herramienta de reinserción. «La gente cuando está en segundo grado generalmente no sale, y, a través de este recurso, tenían la posibilidad de formarse desde que llevan poco en prisión. Defendemos que la formación, en vez de hacerla en prisión, se tiene que hacer en la calle para poder cumplir el objetivo de la reinserción», añade.

De cara a un futuro, Ruiz se muestra cauteloso y reconoce que todavía no se ha puesto en contacto con los responsables del Gabinete jeltzale. «Estamos esperando a saber quién ocupará los puestos en el área de Justicia», anuncia. No obstante, sabe que el nuevo Ejecutivo, liderado por Iñigo Urkullu, ya ha comenzado a hablar de «esfuerzos adicionales». Ante esta situación, remarca que la Comisión Antisida «lleva sufriendo los recortes desde hace años».

Responsabilidad de Lakua

A este respecto, el coordinador del piso, José Mari Loizaga, que califica de «muy mala noticia» la suspensión temporal del proyecto, espera que Sidálava pueda alcanzar en los próximos meses un acuerdo con el nuevo Gobierno autonómico para mantener abierto un programa «innovador». «Intentaremos por todos los medios contactar con el nuevo Ejecutivo. Tenemos que intentar que este proyecto salga adelante», afirma.

En alusión a la responsabilidad de Lakua, subraya que Gobierno de Gasteiz es quien debe atender a las personas presas fuera de la prisión. «Toda la responsabilidad es del Gobierno vasco», manifiesta Loizaga, que en declaraciones a este diario recuerda que el piso «normalizaba la vida» de unas personas que abandonan Zaballa a las siete de la mañana y regresan a las nueve de la noche.

Al hablar sobre los usuarios, el responsable del recurso anuncia que ninguno de los presos afectados se verá obligado a permanecer en prisión de lunes a viernes. Tal como señala, las nueve personas que hasta la fecha acudían al piso serán repartidos entre los otros tres inmuebles de los que dispone Sidálava. Estos recursos, financiados por la Diputación de Araba, están destinados a aquellas personas que han sido puestas en libertad condicional, han recibido el tercer grado o disponen de un permiso.

«Importancia decisiva»

El cierre del piso no ha pasado desapercibido para Salhaketa. El portavoz de la citada asociación, César Manzanos, lamenta que la clausura del recurso responde a la «políticas criminales» impuestas por Madrid. Unas medidas destinadas a imponer la cárcel como instrumento penal, que «eliminan los convenios y las subvenciones a los programas extracarcelarios, en régimen abierto».

«La importancia del piso de Sidálava es decisiva, porque se ha demostrado que este tipo de servicios son muy eficaces para que la gente no vuelva a prisión. Con su eliminación se retoma la política de meter a las personas en vertederos humanos», concluye en alusión a las macrocárceles.