Nunca hubiéramos imaginado que el alcalde de Gasteiz tuviera hilo directo con Emilio Botín. Y que además, fuera capaz de convencerle para que retrasara la ejecución de un desahucio en su humilde ciudad. Pues así es. Eso es, al menos, lo que proclama el primer edil de Gasteiz. Ha conseguido que mientras los focos y las cámaras hagan guardia en el portal de la persona afectada no se lleve a cabo una impopular acción como esa.

Oír a Javier Maroto, colgarse la medalla de haber evitado que desalojaran a una mujer de su casa ha sido de vergüenza ajena. Lo ha hecho en dos ocasiones en solo una semana. Claro que con Kutxabank parece que puede ser más fácil. Tiene mucha mano. Tanta que renunció a su concejal de Promoción Económica y Empleo y lo postuló para presidir la entidad financiera alavesa.

Con Fernando Aránguiz sí tiene hilo directo, así como con Luis Viana, que para salvarle de una moción de censura Javier de Andrés garantizó un ascenso en forma de sillón en el Consejo de Administración de Kutxabank. Así lo anunciaron, aunque nadie le ha visto todavía ocupar el polémico asiento.

Sea como fuere, lo que reclama la ciudadanía es que ambas instituciones defiendan los derechos de todas las personas, no solo de aquellas que, gracias a la presión social y a la movilización ciudadana, consiguen acaparar la atención mediática suficiente para alterar la agenda del día de deter- minados círculos. Las estadísticas hablan de que cada día se producen dos desahucios en Araba. No todas son ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas. Pero desde que estallara la burbuja inmobiliaria, cientos de personas han perdido su vivienda, y, por si fuera poco, siguen endeudadas hasta las cejas. Todo ello, gracias a la Ley del Gobierno español que garantiza que quien pierde hasta la cama mantiene su deuda con el banco, abocándole irremediablemente a la exclusión social de por vida.

Ocurre porque las entidades financieras, entre ellas Vital Kutxa, aceptaron otorgar préstamos hipotecarios a viviendas por un importe muy superior a su valor real. Ahora no es suficiente con quedarse con esa vivienda que, tras una subasta pública pasa a engrosar su parque de vivienda a un precio muy inferior. Seguirán chupándoles la sangre cobrando mes a mes las cuotas hasta «saldar» la deuda contraída.

Si en todos los casos es denunciable, lo es más en una entidad pública como Vital Kutxa, en cuyos órganos de decisión y gobierno están representados el Ayuntamiento de Gasteiz, las Juntas Generales de Araba y la Diputación Foral. Maroto y de Andrés tienen una oportunidad de oro para que los 25 representantes de estas instituciones defiendan la paralización de todos los desahucios de primeras viviendas.

Ya no hace falta que Maroto descuelgue el teléfono para intentar convencer a Mario Fernández. Hubiera bastado con respaldar la propuesta de EH Bildu para que los representantes del Ayuntamiento que él mismo preside reclamaran la paralización de los desahucios. Hubiera bastado con permitir que la Asamblea de Vital Kutxa debata la cuestión. Pero cuando llega la hora de la verdad, Maroto muestra su verdadera cara. Y lo hace con la ayuda del PNV, que prestó sus votos para tumbar esa iniciativa. No quieren que Vital Kutxa defienda ante Kutxabank a quienes tienen hipotecas y corren peligro de ser desahuciados. Vital Kutxa, propietaria del 11% del capital financiero de Kutxabank, debería decir alto y claro que no admite ni una ejecución hipotecaria de primera vivienda más.

Ya sabemos qué solución plantean: retrasar los desahucios mediáticos, colgarse la medalla vía twitter y dejar a los demás en la calle por la vía rápida. Sin embargo, creemos que existe una solución justa para aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas. Para esos casos, hemos planteado que se suspenda su crédito hipotecario permitiéndoles seguir en su casa a cambio de un alquiler social, que no supere nunca el 15% de sus ingresos. Una vez superada la situación de emergencia se retomaría el pago de la hipoteca.

Y hay que ir un poco más allá y dar solución a quienes han abandonado su casa con el yugo de una deuda que tardarán años en saldar. Desde la entidad financiera, en colaboración con Etxebide, deben garantizar una vivienda en alquiler social a quienes han pasado por esa situación, como mínimo desde 2008.

Es lo que planteó EH Bildu allá por el 30 de noviembre, pero todavía, el Consejo de Administración de Vital Kutxa no ha tenido a bien dar la oportunidad a la asamblea para tratar la cuestión. Es en decisiones como estas donde Vital Kutxa puede y debe demostrar no solo que es una entidad pública sino que además, tal y como rezan sus estatutos, se trata de una Institución de carácter Benéfico-Social. Pero lo dicho, a la hora de la verdad, PPNV, han demostrado con quién tienen verdaderamente hilo directo.