La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció ayer la firma de un acuerdo entre su Gobierno e Irán para avanzar en la causa judicial por el atentado contra la mutual judía AMIA que en 1994 causó 85 muertos en Buenos Aires y por el que reclama extraditar a ocho iraníes.

«Histórico: Después de casi 19 años del atentado AMIA se logra, por primera vez, un instrumento legal de derecho internacional entre Argentina y Irán», informó en una serie de mensajes a través de Twitter.

Argentina acusó a Irán como autor intelectual del atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Una explosión destruyó los seis pisos de la sede de la AMIA, apenas dos años después un atentado con bomba contra la embajada de Israel que causó 29 muertos y 200 heridos.

Irán siempre ha negado cualquier participación en el atentado, rechazando los cargos contra sus ciudadanos.

La mandataria, que participó el fin de semana en Santiago de Chile en la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE), precisó que el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, firmó el acuerdo con autoridades de Irán en Addis Abeba, donde asistió como observador de la cumbre de países africanos.

Una comisión de la verdad

El acuerdo incluye la creación de una comisión de la verdad compuesta por juristas internacionales, cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su «reconocido prestigio legal internacional y no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países».

Ambas naciones elegirán además conjuntamente a un jurista internacional con «alto estándar moral y prestigio legal» para que presida la comisión. El cuerpo analizará toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de Argentina e Irán y hará una «revisión detallada» de la evidencia relativa a cada uno de los acusados.

Una vez hecha la revisión de la evidencia, dicha comisión emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes», las cuales «tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras».

Según el acuerdo, que deberá ser ratificado por los parlamentos de ambas naciones, «las autoridades judiciales argentinas podrán por primera vez interrogar a quienes Interpol ha emitido notificación roja».

«Se trata de un hecho histórico porque se garantiza el derecho de debido proceso legal, principio fundamental del derecho penal internacional», concluyó la presidenta.

Argentina e Irán abrieron en octubre negociaciones en la sede de la ONU en Ginebra, para resolver las acciones judiciales pendientes en la investigación del atentado por el cual la justicia argentina exige desde 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani.