Acaba de hacerse público el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. Es solo un Anteproyecto, por lo que las modificaciones del mismo hasta su conversión en Ley pueden ser importantes. No obstante, dada la trascendencia de este asunto para el futuro de la economía vasca, merece la pena un comentario de los aspectos de mayor relevancia.

Lo primero que llama la atención en el contenido del Anteproyecto es el incumplimiento expreso del texto pactado en el Memorandum of Understanding entre el Gobierno español y el Eurogrupo, en el que Madrid se comprometió expresamente a preparar para finales de noviembre de 2012 «normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario».

En el conjunto del texto nada se dice sobre ese inciso final, lo que demuestra que se ha conseguido en buena parte vencer, no solo la voluntad política del Gobierno español, sino la del propio Eurogrupo. El trauma político que esta pérdida de mayoría supondría a algunas entidades y las intensas gestiones políticas desplegadas por los representantes vascos y catalanes explican esta renegociación.

Esto es un primer aspecto a destacar de gran importancia. La situación objetiva de las cajas vascas y la firme voluntad política de nuestros representantes han conseguido canalizar la voluntad política del Gobierno de Madrid y del Eurogrupo. Esto demuestra que, en un tema de esta trascendencia, cuando se quiere, se puede. Esta es la actitud de firmeza que nuestros representantes deberían haber adoptado hace años.

El Anteproyecto no regula lo que expresamente se pactó con Bruselas y, al contrario, regula muchas otras materias no pactadas en el Memorandum. Esto puede parecer sorprendente, pero no hay más remedio que interpretarlo en este contexto de renegociación.

El Anteproyecto permite, en teoría, que las cajas de ahorros vascas, transformándose en fundaciones bancarias, sigan controlando KutxaBank. Decimos que «en teoría», porque hay una clara voluntad política de ir progresivamente desincentivando estos controles mayoritarios a través de la acción de supervisión del Banco de España. No obstante, parece haberse salvado a corto plazo lo más importante: evitar el riesgo de pérdida de control de las cajas.

En este contexto, una buena parte de las disposiciones de este Anteproyecto reguladoras de estas fundaciones «bancarias» puede considerarse asumible. Su régimen orgánico es más simple que el de las cajas de ahorros. Las actuales Asambleas y Consejos de las Cajas quedarían sustituidos por un Patronato.

A pesar de que en los medios de comunicación se ha dado una gran importancia a las incompatibilidades personales entre fundaciones bancarias y los bancos participados por las mismas (KutxaBank), lo cierto es que tienen mucha mayor trascendencia los límites establecidos a la composición del Patronato, en el que las entidades públicas no podrán disponer de más de un 25%.

Recordemos que -curiosamente- aunque se suponía que los procesos de bancarización se basaban en cuestionar los daños generados a las cajas por los representantes políticos, en KutxaBank se utilizó para exactamente lo contrario, marginando del poder a trabajadores y usuarios y dando todo el poder a la representación política.

Pues bien, este Anteproyecto camina ahora -otra vez- en sentido contrario y limita esa representación pública a un máximo del 25%. ¿Quién compone el restante 75%? Entidades representativas, expertos... Nada se dice sobre representación de trabajadores o de usuarios.

Todo esto supone una radical reestructuración de la actual composición de las cajas. ¿Significa esto que los partidos políticos van a perder poder en KutxaBank? Probablemente no de forma inmediata. Visto lo ocurrido durante estos dos últimos años, el poder de los partidos en KutxaBank es algo de tal trascendencia para ellos que, probablemente, designarán en primera instancia a «organizaciones representativas» o «expertos» políticamente cercanos. No obstante, este control «indirecto» puede volverse crecientemente complicado en el tiempo. La verdad es que, de los distintos cambios introducidos en el Anteproyecto entre la figura de las actuales cajas y las previstas fundaciones, éste es, probablemente, el más significativo.

Se trata de un cambio de una importancia notoria en el caso de KutxaBank. A efectos de la regulación de las «nuevas» cajas de ahorros, el Anteproyecto establece también la misma limitación del 25% para las entidades públicas. La diferencia fundamental radica en que, en conjunto, se reserva entre un 50% y un 60% a los usuarios de las cajas, acercando así esta figura sensiblemente al modelo de las cooperativas de crédito europeas, que es el modelo de referencia repetidamente propuesto por EKAI Center.

Hay que destacar cómo, a través de este Anteproyecto, nos introducimos una vez más en otra dinámica de inestabilidad institucional para KutxaBank y para nuestras cajas de ahorros. Esto implicará también el cambio -una vez más- de nuestra propia Ley de cajas de ahorros, nuevos procesos electorales, etc.

Que, en mitad de esta crisis financiera continuemos en una permanente deriva institucional, con los ejecutivos de KutxaBank y nuestros líderes políticos centrados en disputas sobre el modelo institucional de esta entidad y sobre el reparto de poder entre partidos, es inexplicable e imperdonable.

El control de nuestras cajas es más importante para este país -en nuestra opinión- que el concierto económico. Este control se debe blindar de una vez por todas durante los próximos meses. Hay que modificar ese Anteproyecto en la medida necesaria para mantener abiertas las dos vías: cajas de ahorros o bancarización con control pleno. Estas normas no caen del cielo. Se negocian y se pelean. En manos de nuestros responsables políticos está. Como este Anteproyecto ha demostrado, si se quiere, se puede.