El Gobierno navarro anunció ayer que presentará alegaciones ante la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el decreto foral sobre atención sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular.

Este decreto modificaba la norma básica estatal que dejaba sin atención sanitaria pública a los «sin papeles», a los que se negaba la posibilidad de acceder a la tarjeta sanitaria. Así, fijaba la asistencia sanitaria gratuita para quienes no tienen papeles y acrediten una residencia de al menos un año en Nafarroa, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.

No obstante, a pesar de que el Gobierno navarro ha destacado que gracias a su decreto se garantizaba la asistencia sanitaria universal, ONG que trabajan con inmigrantes, como Médicos del Mundo, han denunciado que en centros de Osasunbidea se ha denegado la asistencia a inmigrantes sin tarjeta sanitaria.

Ayer mismo, una representación de Médicos del Mundo acudió al Parlamento navarro para denunciar que a inmigrantes que han acudido a urgencias para ser atendidos se les han presentado facturas por el coste de la consulta.

«Tenemos las facturas. Ha quedado en evidencia que se está facturando a estas personas, que frecuentemente no conocen el idioma, por lo que no pueden defenderse», señaló a GARA Patricia Ruiz, portavoz de Médicos del Mundo.

«Papel mojado»

Ruiz destacó que el decreto foral es «papel mojado» ya que, a pesar de que proclamaba que garantizaba la asistencia sanitaria universal -también a los inmigrantes sin papeles-, realmente no se estaba cumpliendo y se estaban registrando prácticas de exclusión de estas personas.

La respuesta del Gobierno y de UPN a estas denuncias, una vez más, ha sido negar la mayor y rechazar que se hubieran enviado facturas a inmigrantes. «Tenemos las facturas. La realidad es esta. Parece que el Gobierno navarro vive en un mundo paralelo, en los mundos de Yupi», subrayó la portavoz de la citada ONG.

Alertó también de que estas prácticas están provocando la exclusión de estas personas del sistema sanitario público. «Mucha gente, al ver que le quieren cobrar, deja de ir a los servicios sanitarios porque no tiene dinero para pagarlas. Estamos hablando de facturas de 200 euros que para muchos inmigrantes, y para cualquiera, es mucho dinero. Ante esta situación, anteponen su economía al tratamiento, porque no pueden pagarlo».

Las consecuencias de la falta de acceso a los servicios sanitarios puede suponer no solo un agravamiento de las patologías de las personas que no son atendidas, sino que incluso pueden provocar problemas de salud pública.

Las alegaciones del Gobierno navarro argumentarán que el decreto foral se enmarca en las competencias de autogobierno y no contraviene las del Estado en materia de acceso al sistema público de salud. En este sentido, muestra su esperanza de que el Constitucional acepte levantar la suspensión, al igual que ha ocurrido con un decreto similar de Lakua.

El PSN, por su parte, pidió al Gobierno navarro información exacta sobre cómo va a prestar y financiar la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. El parlamentario Samuel Caro mostró su preocupación ante la posibilidad de que estas personas no dispongan de asistencia sanitaria. Precisamente, lo que ayer denunció Médicos del Mundo que está ya ocurriendo.