El nombramiento del director de Baketik, Jonan Fernández, para dirigir la Secretaría General de Paz y Convivencia, que buscará «una revisión crítica del pasado, consolidar la paz y fortalecer la convivencia», ya es oficial. El hecho de que el nuevo director dependa directamente de Lehendakaritza es una buena idea: dará más centralidad y una mejor conexión con el lehendakari. El perfil de Fernández puede ser igualmente bueno, con una experiencia y una trayectoria social contrastada. Su persona reúne las virtudes y los defectos del converso, que deberá equilibrar. Con todo, la puesta en escena de la idea y los protagonistas están a la altura de los tiempos, en sintonía con las necesidades -y las urgencias- de una paz justa que este país tanto desea y merece.

Preguntado por qué debía hacer para avanzar en la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la convivencia, Urkullu respondió con un «no lo voy a decir en público» y apeló a la «máxima discreción». Ciertamente, el cálculo cortoplacista, las florituras verbales y las promesas al viento han sido demasiado comunes en la búsqueda de la paz. Pero la discreción, y menos el secreto, no son una carta de presentación alentadora. La vocación de servicio al país lleva implícita la necesidad de priorizar una conversación pública, adulta y franca, que trasmita actitud y ambición, al objeto de hacer de la paz y la reconciliación un objetivo común, una ganancia neta para la gente. Quizá la primera comparecencia no era el momento adecuado, pero esquivar las explicaciones en nombre de la discreción, instalar el secreto en la gestión, no es una buena decisión ni funcionará en este país tan necesitado de líderes que hablen con concreción y claridad.

Una nueva política de paz y reconciliación, con suelo común y recorrido colectivo exige exponer de manera clara y concisa las propuestas, sin negar las diferencias y los matices. Las instituciones tienen una responsabilidad especial en ello. Aunque no es exclusiva.