A tenor del acuerdo entre demócratas y republicanos, once millones de inmigrantes indocumentados verán su situación legalizada en EEUU, y el camino hacia una ciudadanía regularizada bastante más despejado. Junto con controles estrictos en las fronteras, en los puestos de trabajo, más visas para trabajadores «deseados», este acuerdo de principios abre un un nuevo horizonte en el debate. Los republicanos se negaban en campaña a cualquier tipo de «amnistía» y hablaban de deportaciones en masa. Ahora parece que se han moderado, que son más pragmáticos. Quizá este giro se explica por la necesidad de aumentar sus posibilidades electorales captando un voto latino que apoyó masivamente a Obama. Este apostó por unos dreamers -jóvenes emprendedores hijos de inmigrantes indocumentados- que ven así cumplidas las promesas de cambio en las políticas migratorias.

Reformar el fallido sistema migratorio no será sencillo, no estará exento de obstáculos y de abismos. Pero más allá del cálculo electoral, legalizar esa situación para permitir que esos inmigrantes participen en la vida y en el progreso de EEUU es una cuestión moral, no solo práctica.