El consejo de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ratificó ayer el acuerdo alcanzado el pasado 13 de diciembre en la mesa de negociación con todos los sindicatos con representación en la institución -LAB, ELA, CCOO y Bazkuna- sobre el convenio laboral.

En rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Larraitz Ugarte, aseguró que la negociación colectiva constituye «una herramienta esencial para la creación de un marco de relaciones laborales propio» en la Diputación, cuestión en la que pretende «ser un modelo».

«Está claro que el proceso de negociación se ha llevado a cabo en un contexto complicado y difícil, condicionado por la política presupuestaria y las medidas legales sobre el déficit público, pero, precisamente por ello, se hace cada vez más necesario que los interlocutores sociales actúen con responsabilidad y coherencia», afirmó.

OPE en el servicio de incendios

El acuerdo entre la Diputación y los sindicatos se refiere en su primer punto a la convocatoria de una oferta publica de empleo (OPE) en el servicio de prevención y extinción de incendios, de acuerdo con las necesidades resultantes del proceso participativo en marcha.

Entre otros aspectos, también se prevé que los trabajadores forales en situación de baja perciban un complemento hasta el 100% de sus retribuciones mientras permanezcan en esa situación.

Asimismo, el pacto, cuenta con la aplicación del contrato de relevo y la consiguiente jubilación parcial para el personal laboral que cumpla los requisitos exigidos por la legislación, entre otras ventajas. Además, ambas partes analizarán la situación del personal laboral fijo y tramitarán una convocatoria de proceso de funcionarización. Finalmente, las partes llevarán a cabo un estudio sobre segunda actividad.

Sistema de módulos

Durante su comparacencia, Ugarte explicó también que el sistema de módulos en la declaración de la renta «facilitaba desajustes» en la tributación, «porque no garantiza que se abone realmente en base a los ingresos de cada uno».

La portavoz hizo esta reflexión después de que el sindicato agropecuario ENBA pidiera a la Diputación que atienda a la «reclamación del sector» de aplicar una moratoria al cambio del sistema de módulos.

Larraitz Ugarte añadió que «es imprescindible aplicar el principio de equidad» en la tributación, de forma que «cualquier colectivo, trabajador y persona» sea «igual ante Hacienda» y responda según sus «ingresos reales».