El cerco por el «caso Urdangarin» se estrecha para los borbones. Tras la imputación de Iñaki Urdangarin, marido de Cristina de Borbón, por el desvío de fondos públicos a la Fundación Nóos, ahora es el turno de Carlos García Revenga, que ejerce como secretario de Elena y Cristina, las dos hijas del jefe del Estado español. El magistrado José Castro le tomará declaración en calidad de acusado el próximo 23 de febrero. Ese mismo día, el yerno de Juan Carlos de Borbón también pasará por su despacho. Los casos de corrupción que salpican a toda la estructura política del Estado español señalan ahora hacia su monarquía, que se encuentra en sus horas más bajas de popularidad.

«Pese a mi condición de tesorero del Instituto Nóos, nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismas ni en su contabilidad. Y de ninguna forma, directa o indirectamente, he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio». Así trataba de desvincularse el propio García Revenga de las acusaciones que lo ubicaban como uno de los responsables de la trama con la que, presuntamente, Urdangarín y su socio, Diego Torres, desviaron dinero público a sus empresas. Lo hizo el pasado jueves a través de un comunicado en el que se mostraba dispuesto a declarar ante la Justicia. Así será. Sin embargo, el magistrado Torres, de la Audiencia de Palma de Mallorca, lo ha citado como imputado, ya que considera que durante el tiempo que trabajó junto al yerno del jefe del Estado también le asesoró sobre sus actividades ilegales. De hecho, su nombre aparecía en alguno de los emails que el propio Urdangarín firmaba con el ya famoso apelativo de «El Duque Em...Palma...Do».

El Estado se personará

Desde la jefatura del Estado español se intenta poner distancia respecto a las corruptelas. Esta misma semana se eliminó la biografía de Urdangarín de la página web de los Borbones. Ayer, según recogían las agencias españolas, un portavoz oficial aseguró que no se pronunciarán hasta que no dispongan de más información, ya que el secretario de las infantas todavía no ha recibido la providencia del juez. Por su parte, la Abogacía del Estado se ha mostrado dispuesta a comparecer como acusación particular por el desvío de más de 470.000 euros del erario público.

El mutismo de la Casa del Rey fue compartido ayer por PP y PSOE, que evitaron hablar sobre las tramas que acechan a la monarquía. Ricardo Sixto, diputado de EUPV, acusó a Cristina, hija del jefe de Estado y mujer de Urdangarin, de haber recibido importantes fondos públicos e ironizó con su «suerte» por no haber sido imputada pese a que todo su entorno sí que lo está.