MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN EUSKAL HERRIA
Urkullu le ofrece «discreción» y «lealtad», pero Rajoy no se mueve
«Discreción» y «lealtad» son, a juicio de Iñigo Urkullu, las bases para afrontar la pacificación en Euskal Herria. Ayer visitó Moncloa por primera vez como lehendakari y, pese a asegurar que hay abiertas «puertas al diálogo», no concretó en qué se materializan. El presidente español, Mariano Rajoy, filtró que seguirá instalado en el inmovilismo aunque celebró las coincidencias con Lakua en materia económica.
Alberto PRADILLA | MADRID
«Discreción» y «lealtad» son las dos palabras más repetidas ayer por Iñigo Urkullu tras su primera visita a Moncloa como lehendakari, donde se entrevistó con el presidente español, Mariano Rajoy. «Discreción» como fórmula para que los trabajos en el ámbito de la «paz y la normalización» en Euskal Herria sean «fructíferos», y «lealtad» dentro del canal de comunicación personal que, según avanzó ayer, ha establecido entre Lakua y Madrid. Sobre estas cuestiones, Urkullu insistió en las líneas marcadas durante el pleno de investidura celebrado en Gasteiz, aunque también evitó fijar fórmulas o plazos.
«Se han abierto puertas al diálogo», se limitó a asegurar, para después añadir que no es partidario de las prisas, «pero tampoco podemos permitirnos las pausas». Sin medidas tangibles hacia las que apuntar y con la «discreción» como respuesta ante cualquier petición concreta, la respuesta que obtuvo de Rajoy fue la del inmovilismo. Fuentes de Moncloa aclararon tras la comparecencia de Urkullu que la posición del Ejecutivo, tanto en tema de presos como a la hora de abordar otras cuestiones del conflicto, no ha variado.
«La paz y la normalización tienen muchos aspectos», destacó Urkullu, quien se esforzó en mostrar una imagen de sintonía con Rajoy. Entre los puntos pendientes, enumeró la cuestión de las víctimas (también las de los abusos policiales), la «revisión crítica del pasado» y la política penitenciaria. En su opinión, tanto Moncloa como Lakua tienen claro «cuál es la agenda y el tiempo que se tiene que ir gestionando». Sin embargo, rechazó dar más detalles aludiendo a la «sensibilidad» de la cuestión y mostrando su confianza en el «ámbito de la discreción y la relación personal» con Rajoy.
Sin la palabra «acercamiento»
Sobre movimientos futuros, Urkullu consideró que, pese al cese definitivo de la lucha armada decretado hace ya quince meses, es ETA quien debe de «seguir haciendo gestos» que, a su juicio, «tienen que provocar otros» en las filas del Gobierno español. En este punto se ubicarían los cambios en política penitenciaria. Aquí, el lehendakari no fue tan claro como su antecesor, Patxi López, quien defendió abiertamente el acercamiento de los presos políticos vascos en su último paso por Moncloa, hace poco más de un año.
Urkullu apeló a que «existen beneficios penitenciarios, cambios de grado y otras medidas». Posteriormente, en una pregunta formulada en euskara sí aludió directamente al acercamiento y aseguró que prefería mantenerse en lo dicho anteriormente. «No habrá medidas de gracia generalizadas, hay una legislación que cumplir. Aunque existen grados y beneficios en función de los pasos que unos y otros puedan dar», zanjó.
Además de la cuestión de los presos políticos vascos, Urkullu hizo mención a otros elementos relacionados con el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria. Por una parte destacó la importancia de que el PP tome parte en la ponencia del Parlamento de Gasteiz por ser el marco donde quiere que estén «todas las sensibilidades representadas». Un ente del que destacó el objetivo de «promover la convivencia» y de que «entre todos y todas aceptemos el daño causado». Habrá que ver si su llamada tiene efecto o no en el PP.
A la hora de profundizar sobre este asunto, Urkullu dejó claro que esta idea de la «revisión crítica del pasado» se centró especialmente en «ETA y la izquierda abertzale». A su juicio, se trata de una responsabilidad que recae sobre «unos más que sobre otros» y que «más que partidos o instituciones, es ETA y la izquierda abertzale quienes tienen que hacer un reconocimiento del dolor causado».
Como era de esperar tras las críticas lanzadas por el PP y determinadas asociaciones de víctimas de ETA, el nombramiento de Jonan Fernández como secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua centró buena parte de las preguntas de la prensa. Aquí, Urkullu aseguró no tener que hacer «constricción ni autocrítica», rechazó una confrontación con Madrid a causa del cargo y defendió la «trayectoria vital» del exportavoz de Elkarri. «¿Qué preferimos, que todos sigan siendo de HB? Porque hay otros que fueron algo más que de HB», añadió, sin querer dar nombres.
Moncloa recogió el guante de la predisposición. Eso sí, sin previsión de movimientos. Fuentes del Gobierno aseguraron que Rajoy valora la «lealtad» institucional aunque dejando claro que su postura ya es conocida. Estas fuentes señalaron que el jefe del Ejecutivo español telefoneó al secretario general del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, para informarle sobre la reunión.
Reuniones para el Cupo
En cuestión monetaria también existen coincidencias, tal y como ha quedado evidenciado ya en los acuerdos presupuestarios entre PP y PNV en Araba y en Bizkaia. Por eso, ambos defendieron la necesidad de retomar los trabajos para dialogar sobre el Cupo, prorrogado desde diciembre de 2011. Urkullu aseguró que no comparte la «tábula rasa» de Rajoy y entregó un listado con las competencias pendientes de la CAV.
Dio la sensación que se habló mucho más de consecuencias que de causas del conflicto. Así, el lehendakari quiso marcar distancias respecto al proceso soberanista iniciado en Catalunya. «Son realidades diferentes», argumentó, señalando que la única coincidencia es constituir «dos hechos nacionales» dentro del Estado español. Aunque mostró respeto por la iniciativa catalana, defendió su propuesta de acordar un nuevo estatus y presentarlo a Madrid durante esta legislatura.
Urkullu fue insistentemente preguntado sobre el proceso catalán pero eludió pronunciarse sobre un eventual veto del Estado, recordando lo ocurrido en su día con el Plan Ibarretxe.
El Parlamento de Gasteiz vuelve a celebrar hoy un nuevo pleno y otra vez se pondrá a prueba, punto por punto, la capacidad del PNV para alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas e ir ganando votaciones. Le espera una primera votación sobre el final de ETA que, por empate, quedó pendiente del pleno anterior, y que fue el único lunar desde el punto de vista jeltzale en una sesión en la que ganó el resto de votaciones, algunas una alianza tan llamativa como la de sumar sus votos a los de PP y UPyD. Hoy deberá afrontar la toma en consideración de la proposición de ley municipal del PSE, así como puntos relativos a las ayudas sociales y el repago de servicios sanitarios. I.I.
El futuro secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, reivindicó ayer la búsqueda del consenso para avanzar en el camino de la paz y la convivencia, y explicó que tiene «el encargo expreso del lehendakari de colaborar activamente en todo lo que sea posible» con la ponencia que puede crearse hoy mismo en el Parlamento de Gasteiz, así como con «cualquier otra iniciativa en cualquier otra institución que vaya en la misma dirección».
En su primera entrevista, concedida a Radio Euskadi, Jonan Fernández abogó por «enfrentarse a la verdad de los hechos que han ocurrido en las últimas décadas en este país» de manera «crítica» e invitó «a poder ser sacar alguna conclusión compartida». Señaló que hay que abordar «todas las vulneraciones de derechos humanos». Recordó que ETA ha sido «causante de un número importantísimo de víctimas mortales», pero precisó que «no todas» las víctimas ni vulneraciones de derechos se han producido por parte de esta organización. Según manifestó, «se trata de analizar objetivamente todo lo que ha ocurrido sin equiparar, sin mezclar, sin comparar, sin compensar unas con otras», pero «tampoco sin excluir a ninguna de ellas».
En materia de política penitenciaria, el futuro secretario general de Paz y Convivencia declaró que la cuestión «tiene múltiples vertientes», una de ellas la transferencia de la política penitenciaria, «una reclamación que tiene un apoyo social mayoritario y un encaje legal clarísimo». Jonan Fernández apuntó que «a partir de ahí está el desarrollo de la propia política penitenciaria, que tiene que ajustarse a derecho y a principios humanitarios y a la realidad del tiempo en el que se está desarrollando».
En este sentido, aseguró que «es el momento en el que la excepcionalidad» de las medidas aplicadas durante los últimos años debe «dejar paso a la normalidad» y trabajar «un amplio consenso social y político para buscar una salida humanizadora a la cuestión de la política penitenciaria».
Fernández defendió que en materia de Paz y Convivencia es preferible avanzar en función de consensos y no de simples mayorías. Sobre las descalificaciones recibidas, esperó que el tiempo las acalle. GARA
