La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha incluido al Estado español en el listado de países que ejercen «graves presiones políticas» sobre los medios de comunicación públicos. Y, con el enfado mayúsculo del Gobierno español, ha criticado con dureza lo que considera injerencia partidista en la gestión diaria y el trabajo editorial. Además, ha hecho una recomendación expresa: que las personas con afiliaciones partidistas claras se excluyan de los puestos de dirección.

Pero para encontrar ejemplos de invasión en la autonomía de los medios, de injerencia y de responsables al servicio de partidos en puestos de dirección, no hay que irse hasta Ucrania, Rumania, Serbia o Hungría -por citar algunos países de la misma lista-. En este país se han dado casos que escandalizan: el director general de la radio televisión pública vasca, EiTB, se convierte años después con total normalidad en presidente del partido de Gobierno o, en sentido contrario, el jefe de prensa y comunicación de Lehendakaritza pasa a ser director de ETB. Sobran ejemplos para decir que la injerencia política en medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de la realidad española.