La casa real española «no tomará decisión alguna» sobre el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, hasta que declare el próximo 23 de febrero en Palma en calidad de imputado ante el juez del caso Nóos, José Castro

En un comunicado publicado en la web de la institución, Zarzuela explicó que el magistrado no ha acusado hasta la fecha a García Revenga de ningún cargo en concreto, por lo que no estaría justificado que la institución tomara «medidas inmediatas» contra el secretario de las infantas sin haber escuchado y valorado antes su declaración.

El magistrado interrogará a García Revenga sobre el cargo y las funciones que desarrollaba en Nóos o en cualquiera de las mercantiles de la trama presuntamente creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres para malversar fondos públicos, así como sobre el conocimiento que pudiera tener sobre las actividades que desplegaba.

También prevé interpelarle acerca de las labores de asesoramiento o consulta que pudiera haber llevado a cabo con Urdangarin y respecto a su entorno societario y personal.

Al haber sido citado como imputado, García Revenga comparecerá ante el juez asistido de su abogado de confianza y no estará obligado a decir la verdad.

Fianza de 8,1 millones

Por otra parte, Castro fijó una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y Torres, por las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en el caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

El magistrado les da un plazo de cinco días para el pago y advierte de que si no presentan la fianza «se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios».

En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al yerno del rey español y a su exsocio «una actividad delictiva premeditada» dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007. El juez considera que hay «más que suficientes indicios de criminalidad» en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos.

En concreto, aprecia «indicios racionales» de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Estima que crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo «al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas» la influencia de Urdangarin, «real o de obligada imaginación», por su matrimonio con la infanta Cristina.

Para el magistrado, la actividad del Instituto Nóos «dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro» ya que, entre otras cosas, todos los testigos del caso han afirmado que «era un empresa como tantas otras».

Añade que Urdangarin siguió siendo presidente «de hecho» de esa empresa después de marzo de 2006. El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, alegó en contra de las peticiones de fianza y negó que en la instrucción se hayan detectado indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado o causado «daño patrimonial de ninguna clase».

Por su parte, la defensa de Torres calificó de «desatinada» la petición de fianza de las acusaciones y negó en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido «acto ilícito de suerte alguna».