El ministro español de Economía, Luis de Guindos, desveló ayer diversas propuestas durante la defensa en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se presentarán como enmiendas al texto. Estas medidas afectarán a la Ley Hipotecaria, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de otras que hacen referencia al Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo.

Así, según adelantó el ministro, el Ejecutivo quiere que los intereses de demora de las hipotecas se limiten a tres veces el tipo de interés legal del dinero, actualmente en el 4%.

Además, reforzarán la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades, ya que la banca deberá aceptar la tasación homologada aportada por el cliente.

Asimismo, pretenden agilizar los procedimientos judiciales y realizar subastas "on line" de las viviendas, además de limitar a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización.

En este sentido, De Guindos dijo que no se prohíben la concesión de hipotecas a más de 30 años, solo que no podrán formar parte del grupo que se incluyen en las cédulas hipotecarias, por lo que se limita indirectamente. Otra de las medidas contempla que en una ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, el juez podrá condonar el pago de la deuda en el caso de que el deudor pague el 65% del total pendiente en el quinto año desde la adjudicación del bien tras el proceso de subasta, o el 80% en el décimo año.

En el caso de que la entidad que se queda con la casa obtenga ganancias con su venta en esos 10 años, el 50% de ese beneficio irá destinado a reducir la deuda del hipotecado.

Optimismo judicial

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, aseguró ayer que ya no se están ejecutando desahucios de viviendas habituales en la CAV, «gracias a las medidas judiciales y de mediación» puestas en marcha por distintas administraciones.

Ibarra afirmó que las medidas impulsadas por este órgano para tratar de aliviar la situación por los afectados por desahucios están teniendo «efectos positivos». Así, dijo que todas estas personas tiene garantizada la asistencia jurídica gratuita, cuando en 2010 el 90% de las mismas afrontaban estos procesos sin asesoramiento legal.

Añadió además que están en «pleno rendimiento» los procesos de mediación con bancos y cajas de ahorros de los ciudadanos que lo soliciten en el órgano puesto en marcha por el Gobierno de Gasteiz anterior para estos casos.