Algo más de doscientas personas realizaron ayer una manifestación por las calles de Bilbo para protestar contra las medidas adoptadas por Alberto Ruiz-Gallardón, que incluyen la privatización de los registros civiles o la implantación de tasas judiciales. Estas medidas, según estimaron las centrales sindicales, podrían acabar con casi 250 puestos de trabajo en la CAV.

Esa destrucción de empleo se repartiría, según esas fuentes de la siguiente manera: 122 en Bizkaia, 95 en Gipuzkoa y 28 en Araba, sumando 245 puestos de trabajo en peligro.

La manifestación fue convocada unitariamente por todos los sindicatos con representación entre los trabajadores de Justicia (ELA, LAB, CCOO, CSI-F, UGT y CGT), que advirtieron que estas medidas de Madrid «suponen un ataque de enormes proporciones al servicio público de la Justicia, además de resultar un impedimento para cualquier decisión que se pueda tomar al respecto desde nuestras instituciones».

Por ello, mostraron un enérgico rechazo tanto a la Ley de Tasas Judiciales «porque crea una justicia sólo para una parte de la sociedad que pueda costeársela, dejando a la inmensa mayoría sin posibilidades de defender sus derechos», como a la privatización del Registro Civil, «un servicio público, gratuito e indispensable».