Huida hacia adelante. Solo así se puede describir la reacción del PP ante la publicación de la contabilidad secreta en la que Luis Bárcenas registraba los sobresueldos que entregó a la cúpula del PP entre 1990 y 2009. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de dar la cara. Negó la mayor, amenazó con querellas y alabó la transparencia de su formación. A ella se sumaron en bloque todos los altos cargos de la derecha española. Todos menos uno. El presidente del Senado, Pío García Escudero, admitió la veracidad de un préstamo de cinco millones de pesetas. Una grieta en el implacable discurso del PP que, pese a rechazar todas las acusaciones, ha convocado mañana un Comité Ejecutivo extraordinario mañana. Una oportunidad para que Rajoy pueda explicarse. Desde que estalló el escándalo de las cuentas en Suiza de su extesorero y los pagos opacos a sus dirigentes, el jefe de Gobierno se ha escudado en sus primeros espadas para no comparecer.

Hasta ahora solo se había publicado que existían los sobresueldos. Ayer, «El País» fijó cantidades, fechas, receptores y donantes. Según las informaciones del diario de Prisa, entre 1990 y 2008, Bárcenas y Álvaro Lapuerta (también extesorero) abonaron cantidades millonarias a altos cargos del PP como Mariano Rajoy, Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes. La incógnita es saber a quién corresponden las iniciales J.M., que se han vinculado a José María Aznar, líder del partido durante la mayor parte de aquella época.

Los fondos, que no pasaban por Hacienda, procedían de aportaciones de empresarios y constructores. El flujo de dinero no se limitaba a los bolsillos de los altos cargos. También llegó hasta medios de comunicación, como «Libertad Digital», dirigido por Federico Jiménez Losantos, o la organización Basta Ya. De hecho, Carlos Martínez Gorriarán, actual diputado de UPyD y portavoz de la organización unionista, reconoció ayer que es «perfectamente posible» que hubiesen recibido los 3.005 euros anotados en el primer semestre de 2002. Según afirmó, no se comprobaba la identidad. Gorriarán y García Escudero fueron los únicos receptores que rompieron el discurso del «no me consta».

«Si lo dice, así será»

«Si él lo dice así será. Ese dato será verdad, pero eso no quiere decir que valide el papel que se ha publicado. Los papeles se pueden pegar, se pueden inventar», regateaba ayer Cospedal ante las preguntas acerca de la confesión del presidente del Senado español. Durante toda la comparecencia, que generó una inusual expectativa, la secretaria general del PP se mostró hostil, enfadada. Solo dudó en los momentos en los que tuvo que lidiar con preguntas sobre la veracidad de los papeles. «No se corresponde con la actividad... bueno, con alguna parece que sí, pero que haya actuaciones sistemáticas...», titubeó.

El resto del discurso lo tenía claro: amenazar con querellas a quien publique informaciones sobre la trama de corrupción, exhibir victimismo y reafirmar su confianza en la auditoría interna que se anunció en el momento en el que estalló el escándalo. Al negar la veracidad de los documentos, no necesitó rebatirlos. Ni siquiera cuando le preguntaron si reconocía la letra del extesorero, ya que las cuentas están escritas a mano. «No voy a dar credibilidad» era la respuesta para todo. Posteriormente, otros medios como la Cadena Ser exhibieron pruebas grafológicas que pretendían certificar la validez del escrito.

Denuncias como respuesta

«Hay muchas que son mentira, muchas», aseveró Cospedal. Luis Bárcenas, con quien el partido ha marcado distancia desde que explotó el escándalo, salió también en defensa de sus antiguos compañeros de filas y, a través de un comunicado, desmintió la contabilidad paralela y anunció medidas legales contra «El País».

Resulta paradójico, pero en las dos semanas que han transcurrido desde que el diario «El Mundo» abriese el frente de los sobresueldos opacos, nadie, ni Bárcenas ni el PP, había planteado la posibilidad de una demanda. Únicamente Aznar. Ahora, todos anuncian rápidas querellas. Desde Génova se dirigirá una general pero también otra por cada uno de los líderes que aparecen en las informaciones. «No vamos a permitir que se nos atribuya un comportamiento no honorable, ni que se ponga en cuestión la honorabilidad, la transparencia o la legalidad de las cuentas», zanjó Cospedal.

Según la versión oficial que promueve el PP, la publicación de la contabilidad de Bárcenas tiene un único objetivo: «perjudicar a un partido y, en especial, al presidente del Gobierno». Por eso, la secretaria general afirmó que «los primeros indignados somos los dirigentes del PP; me parece una frivolidad lo que se está haciendo, sin ningún tipo de prueba, con tal de crear alarma social o hacer daño a un partido político». En la misma línea, Cospedal dijo no sentirse «inhabilitada» para acometer los hachazos sociales. Incluso hiló más fino asegurando no comprender por qué, ahora que, según su versión, la economía española puede empezar a remontar, se intenta hacer daño a los «responsables» del crecimiento.

Cospedal afirmó que las cuentas del PP son «únicas» y «transparentes». Y reivindicó la eficacia de la auditoría puesta en marcha por su formación hace dos semanas. Claro, que parece difícil que en los libros oficiales de un partido, que son los que se presentan ante el Tribunal de Cuentas, aparezcan ingresos y pagos de dudosa procedencia. Así que esta investigación interna no parece que vaya a tener mucha efectividad.

El desliz de Escudero abrió ayer una grieta en el discurso unívoco del PP. Ahora, tanto Génova como el Gobierno español tratarán de lanzar una imagen de fortaleza. Por el momento, Rajoy sigue callado. Hoy, tras el Consejo de Ministros, y mañana, con el Comité Ejecutivo, tendrá dos oportunidades para explicarse. Aunque la crisis abierta va mucho más allá.