El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) reveló ayer que su anterior presidente, el jeltzale Carlos Ormazabal, contrató poco antes de las elecciones forales de mayo de 2011 un producto financiero «especulativo» que obliga a este organismo a abonar 300.000 euros mensuales a Banesto y La Caixa en concepto de intereses.

El sucesor de Ormazabal, Juan Carlos Alduntzin (Bildu), y la vicepresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, explicaron que este swap -denominación técnica de dicho producto financiero- se suscribió en relación con la financiación del plan de gestión de residuos, incluida la incineradora de Zubieta.

Concretamente, el Consorcio pidió una línea de crédito cuyo tipo de interés estaba ligado al Euribor. El swap era un «seguro» para que las fluctuaciones de este índice, de carácter variable, no afectasen a las cantidades a abonar. Si el Euribor subía GHK no se veía perjudicado, pero si bajaba no se beneficiaba.

Los contratos, indicó Alduntzin, fueron suscritos los días 9 de febrero y 12 de mayo de 2011. Diez días después de esta última firma se celebraron las elecciones municipales y forales. Cabe recordar que anteriormente la izquierda abertzale estaba excluida de las instituciones, por lo que todas las decisiones se adoptaron sin la presencia de esta fuerza política. Algo similar sucedió cuando Bidegi firmó, un mes antes de los comicios, un crédito de 400 millones de euros, que elevaron su deuda hasta los 900, según denunció en su día la actual Diputación.

«Calendario teórico»

Lo destacable es que el swap se aplicó a una previsión de inversión, no a la inversión ejecutada. Es decir, el representante jeltzale «adquirió el compromiso, independientemente de cuál fuera el futuro del proyecto de la incineradora, de pagar intereses por la misma como si las inversiones realmente se ejecutaran según un calendario teórico preconcebido».

A juicio del actual consejo de administración de GHK, el objetivo de esta maniobra no podía ser otro que «hacer irreversible el proyecto de incineradora». Dicho calendario, absolutamente virtual, preveía que para estas fechas se habrían gastado ya 94 millones en Zubieta, a los que corresponderían unos intereses de 300.000 euros.

En realidad, explicaron Alduntzin e Intxaurrandieta, hasta la fecha se han empleado solamente 9,7 millones para la explanación del terreno y construcción de caminos. Sin embargo, se imponen intereses por los citados 94 «virtuales». El pasado 29 de noviembre, el consejo de administración acordó no autorizar el pago de esos intereses, al considerar que es «un despropósito» y «una sangría inadmisible para la ciudadanía».

Cuando se firmaron los contratos el Consorcio estaba asesorado por la consultora Price Waterhouse, que al mismo tiempo trabajaba para Banesto y La Caixa. Ante todo esto, el consejo de administración de GHK ha llegado a la conclusión que «en el diseño de la financiación de la incineradora de Zubieta se cometieron malas prácticas por parte de Banesto y La Caixa», que «la asesoría realizada por Price Waterhouse originó un grave perjuicio económico a la ciudadanía guipuzcoana» y que «la actuación del anterior diputado de Medio Ambiente fue cuanto menos inaceptable, inadmisible e irresponsable».

Iniciativas legales

Así las cosas, el órgano de dirección del Consorcio decidió ayer proponer a la próxima asamblea «interponer las iniciativas legales necesarias ante Banesto y La Caixa para que se reconduzca la situación creada por la compra de esos productos especulativos, resarciendo de los daños causados a la ciudadanía guipuzcoana por esta operación especulativa».

También se propondrá presentar una demanda judicial para «la anulación de los contratos swap». Son numerosos los clientes de entidades financieras que han acudido a los tribunales para denunciar estos productos especulativos de riesgo, con sentencias en muchos casos contrarias a los bancos. En la comparecencia se citó el caso similar del Ayuntamiento de Eibar.

Asimismo, se propondrá «la interposición de acciones pertinentes contra Price Watherhouse por su falta de profesionalidad en su labor de asesor financiero en este proceso».

Juan Karlos Alduntzin aclaró que estas decisiones no implican variación alguna sobre la línea de crédito principal. La Caixa y Banesto prestaron 68 millones, mientras que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) apostó otros 195 millones para la construcción de las diferentes infraestructuras del plan de gestión de residuos.