En declaraciones a los medios de comunicación, Iñaki San Andrés, del sindicato ELA, explicó que uno de los motivos que les han llevado a encerrarse en la planta es denunciar la situación que viven tras cuatro meses sin cobrar y sin trabajar desde principios de diciembre, cuando fueron cortadas la luz y el agua de la empresa por sus impagos.

La plantilla de la factoría de Zalla -dedicada a la producción de papel tisú- la conforman 105 trabajadores y el encierro lo realizarán con carácter rotatorio en turnos de 24 horas.

Reconoció que entre los trabajadores hay miedo «a lo que va a suceder en el futuro, al desmantelamiento de la planta porque la empresa no tiene ninguna voluntad de solucionar el problema». En este sentido, se refirió a la posibilidad de que haya «una decisión premeditada del grupo Jofel -propietario de la empresa y con la sede central en Alicante- de desmantelar la planta y llevar la producción a la de Capellades, en Barcelona».

Otra de las razones que dio para justificar el encierro es que no se fían de la dirección. «Tememos que cualquier día nos encontremos con que se han llevado todo, tanto el producto que hay dentro como la maquinaria», afirmó.

San Andrés se refirió también al desconcierto que les genera el hecho de que la empresa está dando beneficios en los últimos años. «Los datos auditados de 2008, 2009, 2010 y 2011 declaran que hay beneficios, por lo que no entendemos esta situación. Nos dicen que tienen problemas de cobro con los clientes, pero está claro que la empresa es rentable», señaló.

Asimismo, el miembro del comité de empresa afirmó que saben «que ha habido un proceso de venta de la empresa a un tercero, pero no sabemos por qué no se ha culminado el proceso. No sabemos más, porque la dirección de la empresa está desaparecida».

Responsabilidad de Diputación

Por otra parte, Iñaki San Andrés hizo referencia a la responsabilidad que tiene la Diputación de Bizkaia en la resolución del problema. Recordó que la institución foral en el año 2006 compró los terrenos de la factoría y la mitad de la maquinaria por 15 millones de euros «por lo que tiene que dar explicaciones» de la situación actual y del futuro de Virtisú.

El representante del sindicato ELA apeló también a la Diputación para que impida «el cierre de la empresa industrial más grande de Enkarterri, para evitar que se produzca el desmantelamiento industrial total» de la comarca.