La institución foral explicó ayer que ha estudiado las alegaciones de los colectivos que tributan en módulos y tomará en consideración algunas de las mismas en el decreto que se encuentra en fase de trámite. «En general, la mayoría de alegaciones solicitan tiempo para su adaptación al nuevo sistema», precisó por medio de un comunicado.

De este modo, tomando en cuenta las alegaciones y las aportaciones realizadas por los colectivos en las reuniones celebradas previamente, el departamento de Hacienda de Gipuzkoa ha tomado la decisión de que 2013 sea «un año transitorio para que los profesionales puedan adaptarse. Este año se quedarán fuera solo quienes tengan actividades económicas muy grandes».

Los límites para hacer la declaración en módulos durante 2013 serán -teniendo en cuenta el ejercicio 2012-: volumen de operación de hasta 300.000 euros en general y, en el caso de los transportistas, hasta dos vehículos.

La institución foral señaló, además, que trabajará conjuntamente con algunos sectores económicos que han dado cuenta de su situación al departamento de Hacienda y han informado sobre sus especificidades para «encontrar soluciones en función de sus competencias».

En ese sentido, tomando en cuenta las especificidades del sector pesquero y agrícola, la Diputación foral de Gipuzkoa ha asumido el compromiso de preparar junto a todos estos sectores un régimen especial para cada uno durante 2013.

De esta manera, a partir de 2014 se establecerán los siguientes límites: volumen de operaciones de hasta 60.000 euros, un máximo de tres personas trabajadoras y un vehículo.

«Es un sistema injusto»

Finalmente, la institución reiteró su idea general de que el sistema de módulos «es injusto porque no es equitativo y los impuestos no se pagan en función de las ganancias reales».

Desde la Diputación consideran que «mediante el cambio propuesto, la mayoría de las actividades económicas tributarán en el IRPF a través de la estimación directa, es decir, en función de los beneficios reales, tal y como lo hace el resto de la ciudadanía o personas trabajadoras y, lógicamente, quienes tuvieran pérdidas, no tendrían que pagar».