El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Lakua, Ricardo Gatzagaetxebarria, reclamó ayer, durante la ronda de comparecencias de los ocho consejeros del Ejecutivo en el Parlamento para dar a conocer las líneas de actuación de sus respectivos departamentos, la asunción de las funciones del Banco de España «en materia de ejecución de la legislación bancaria» con el fin de asumir el control de las entidades financieras vascas.

El consejero defendió, en base a lo recogido en el Estatuto de Gernika, que la CAV asuma la funciones que hoy en día ejercen el Ministerio de Hacienda y el propio Banco de España «en materia de ejecución de la legislación bancaria, autorizaciones y controles» en el sector sobre aquellas entidades de competencia de la comunidad autonómica.

Según dijo, la «inacción normativa estatal» ha provocado que desde hace varios lustros la administración vasca no haya podido «ni autorizar ni controlar» entidades de crédito tipificadas como bancos, «lo que no resulta ni coherente ni estatutariamente llevadero».

El Estatuto de Gernika -aseguró- establece que la CAV tiene competencia exclusiva en «instituciones de crédito corporativo, público y territorial y cajas de ahorro, en el marco de las bases que sobre ordenación del crédito y la banca dicte el Estado y de la política monetaria general». En su artículo 11 se añade que también es competencia de la comunidad autonómica «el desarrollo y la ejecución dentro de su territorio, de las bases, en los términos que las mismas señalen», en materias como la «ordenación del crédito, banca y seguros».

Posibles recortes

Por otra parte, Gatzagaetxebarria manifestó que la CAV se encuentra en una «profunda y grave recesión» y recordó que Lakua tendrá 1.200 millones de euros menos de presupuesto en 2012. Indicó que intentará que esta reducción presupuestaria afecte lo menos posible a la sanidad, la educación y a la lucha contra la exclusión social, aunque acto seguido reconoció que «algo tendrá que afectar».

Al respecto, EH Bildu hizo un llamamiento a «debatir y acordar» las prioridades económicas de la sociedad vasca y asegurar el bienestar y desarrollo económico «por encima de las imposiciones de Madrid».