En octubre de 2010, cientos de saharauis se instalaron a escasos 15 kilómetros de El Aaiún para protestar por la discriminación que sufren en los territorios ocupados y exigir el reconocimiento de derechos tan básicos como el acceso a una vivienda, a un empleo o a disfrutar de los recursos naturales del Sáhara. El campamento de la Dignidad, como le llamaron, llegó a albergar 2.000 jaimas. Aquella experiencia duró 28 días, en los cuales Marruecos construyó un muro de arena alrededor del campamento y vetó la presencia de extranjeros, especialmente de los medios de comunicación. El 8 de noviembre, a las 5.30 de la madrugada, se despertaron sobresaltados por el ruido de helicópteros y la cercanía de vehículos todoterrenos, cumpliéndose sus peores presagios. «Vi muchos vehículos. Nos atacaron con gases lacrimógenos, armas, agua caliente. Estuvimos aguantando hasta las 12.30, pero los militares avisaban a los colonos marroquíes para que acudieran a defender la integridad de su territorio. Muchos salieron de sus casas con armas blancas, atacando a los saharauis que estábamos desarmados. Nos tuvimos que enfrentar a militares, policías, gendarmería y población civil... Aquello fue de locos», relata uno de los participantes en la protesta, ahora en búsqueda y captura. Aquella intervención dejó un saldo de 13 muertos y cientos de detenidos en los días posteriores.

24 de ellos fueron juzgados ayer en un tribunal militar de Rabat acusados de pertenencia a «banda armada» y de «retener a una gran cantidad de civiles en la región de El Aaiún, con el objetivo de utilizarlos como escudos humanos para establecer por la fuerza un estado de anarquía y de desorden público, que forzara una intervención de la Fuerza Pública marroquí y poder atacarles con todos los medios a su alcance para causar el mayor número de víctimas posibles», según consta en el sumario de instrucción.

Al juicio, suspendido en dos ocasiones anteriores -el 13 de enero y el 24 de octubre de 2012-, asistieron en calidad de observadores juristas de los estados español y francés, Italia y Luxemburgo, así como diplomáticos de varios países occidentales. Cerca de setenta policías vigilaban el interior de la sala, mientras que fuera, familiares y amigos reclamaron la puesta en libertad de los 24 encausados, que llevan dos años en prisión preventiva en la cárcel de Salé. En abril de 2011, realizaron una huelga de hambre para reclamar la ampliación el régimen de visitas de los familiares. Tras esta protesta, las autoridades les permitieron tener cinco visitas semanales y leer todos los libros que quisieran.

Claude Margarite Magin, esposa de Ennaama Asfari, recuerda que «el primer año no pudimos mantener comunicación, y de noviembre a abril estuvieron solos en sus celdas sin contacto con el exterior, sin leer ni poder escribir».

El 28 enero, recibieron por primera vez la visita amigos. Entre el grupo que pudo verlos estaba Hassana Duihi. «Ha sido como un sueño. Estábamos en la sala con ellos, riendo, hablando», relató tras la visita que duró una hora.

Ayer, vestidos con la túnica tradicional saharaui en señal de reivindicación, los 24 entraron en la sala entonando lemas por la libertad del Sáhara y a favor de la autodeterminación. La vista judicial quedó suspendida hasta el próximo día 8.

En un comunicado de seis puntos fechado el 13 de enero, instaron a las autoridades marroquíes a abrir «una investigación seria y transparente de las torturas físicas y síquicas que hemos sufrido en todos los lugares secretos y brigadas de la Gendarmería y de la Policía».

Asimismo, criticaron a aquellas potencias occidentales, aludiendo directamente al Estado francés, que «defienden los derechos humanos en otros lugares y hacer la vista gorda en el Sáhara». Por ello, llamaron a la comunidad internacional a «presionar» a Marruecos para garantizar un «juicio justo».

Atendiendo a ese llamamiento, el pasado fin de semana hubo concentraciones de apoyo en las principales capitales europeas -también en Euskal Herria-, en las que se destacó el alcance de Gdeim Izik, donde «20.000 personas enviaron un mensaje al mundo de que ya no soportan vivir más bajo la ocupación marroquí en sus propia tierra».

Para el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, este juicio es comparable al régimen de apartheid en Sudáfrica. «La única diferencia es que esta vez ocurre en pleno siglo XXI», denunció ante la cumbre de la Unión Africana celebrada el domingo y el lunes en Etiopía. Advirtió que «no habrá libertad, democracia, justicia y paz en África y en el mundo, mientras el pueblo saharaui esté privado de sus legítimos derechos».

Human Rights Watch también se sumó a las críticas a este macroproceso que «tiene tintes políticos» y contradice las reformas anunciadas por Rabat.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa el Jalfi, salió al paso de estas denuncias, negando el carácter militar de este juicio que «se ajusta a ley».