corrupción en la derecha española
Nuevos desmarques e indicios aumentan la tensión en el PP
Rajoy habla hoy en una Ejecutiva extraordinaria que buscará un cierre de filas cada vez más complejo. Se incrementan los casos de dirigentes que reconocen los apuntes de Bárcenas y dan las versiones más variopintas. Un informe policial del sumario Gürtel desvela regalos a Ana Mato.
Alberto PRADILLA | MADRID
No pasa un día sin que salte un nuevo escándalo relacionado con las cuentas del PP. Si la publicación de las cuentas de Luis Bárcenas han provocado un terremoto interno en Génova, ayer se conoció que la trama Gürtel pagó durante años viajes y fiestas a la ministra española de Sanidad, Ana Mato y su exmarido, Luis Sepúlveda, antiguo alcalde de Alarcón (Madrid). Moncloa intenta desligarse pero no puede evitar que cada vez más voces apunten hacia el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy. Está previsto que este rompa su silencio durante el Comité Ejecutivo extraordinario de hoy. Eso sí, las respuestas serán limitadas ya que no habrá rueda de prensa. Pese a los intentos de la cúpula del PP por mantener un mensaje cohesionado y restar credibilidad a las denuncias por corrupción, ayer ya se escucharon las primeras voces críticas. Tras los sobresueldos de Bárcenas, publicados con nombres, fechas y donantes, la trama Gürtel, que investiga desde 2009 la supuesta financiación ilegal del PP, desveló ayer un nuevo escándalo. Un documento destapado por la agencia Europa Press y que lleva el título de «Extracto Cuenta de Servicios Pozuelo» apunta a pagos de viajes por valor de 50.000 euros, regalos de lujo y hasta fiestas de cumpleaños «con payasos» que llegaron a costar más de 11.000 euros. Todos estos datos aparecen en las facturas que acompañan al informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía española. Pese a esta revelación, la ministra se niega a dimitir. Posteriormente, su exmarido trató de exculparla, asumiendo la responsabilidad de sus actividades económicas a través de un comunicado.
Génova intenta mantener la cohesión en torno a su argumentario, que se basa en negar todo, desvincular al Gobierno español y reivindicar la transparencia de sus cuentas. Sin embargo, las grietas se suceden. El jueves fue Pío García Escudero quien, con su confesión sobre un préstamo, desmontó la tesis de no reconocer la veracidad de los papeles. A este se le sumó Jaime Ignacio del Burgo. Tras ellos llegaron las primeras críticas a la línea oficial. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rompió la disciplina y se mostró partidario de «dar un paso más y apoyar a la Justicia para que investigue». Además, lanzó un recado para quien pide demandar a los medios, rechazando la opción de «matar al mensajero». Un consejo que no ha seguido su exjefe, José María Aznar, que ayer avanzó una querella contra el «El País».
No es el único alto cargo del PP que no se ciñe al pacto de silencio y negación. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, también apeló a la gravedad del caso. «El PP en este momento necesita dar explicaciones y estoy convencido de que dará esas explicaciones. Hay que investigar más, auditar más y dar las explicaciones que los ciudadanos nos requieren».
Rajoy no acepta preguntas
Y explicaciones es, precisamente, lo que ni PP ni Gobierno español ofrecen. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáez de Santamaría avanzó que el propio Rajoy daría la cara hoy. Sin embargo, lo único que se sabía al cierre de esta edición es que el presidente español pronunciaría un discurso ante el Comité Ejecutivo extraordinario. Una intervención que podrá ser seguida por los periodistas. No queda claro es si después se permitirán preguntas, aunque todo apuntaba en sentido negativo.
Este diario se puso en contacto con Génova, donde confirmaron que lo habitual en los casos en los que la alocución se emite en directo es que no se abra luego una rueda para los periodistas. De este modo, Rajoy podrá ceñirse al argumentario sin ser pillado en falta. Luego habrá que ver cuál es el ambiente que se respira después del encuentro de Génova ya que no todos comparten el mensaje oficial.
Tras la comparecencia del jueves de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ayer fue el turno de Soraya Sáez de Santamaría. En su papel de vicepresidenta, se esforzó en desvincular partido y Gobierno. Una tarea difícil teniendo en cuenta que el propio jefe del Ejecutivo es uno de los señalados por cobrar sobresueldos. Sáez de Santamaría negó que la crisis afecte a su gabinete, apeló a la «ejemplaridad» de Rajoy («nunca ha roto una norma», dijo) y se aferró a la mayoría absoluta en el Congreso para certificar que goza de «estabilidad». A ella se le sumó el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien insistió en que la imagen del Estado español y su perspectiva económica, muy delicada, no ha sufrido daños. Habrá que ver cuántos escándalos más estallan hasta que cambien de parecer
David Pasarin-Gegunde, concejal del PP en Galdakao, anunció ayer por la mañana su renuncia temporal al partido hasta que el «caso Bárcenas» se clarifique. El edil, con quien la cúpula unionista en Bizkaia se reunirá el lunes, adelantó su decisión a través de un comunicado en el que mostraba su «absoluto desconcierto» tras estallar el escándalo de los presuntos sobresueldos a los líderes en Génova
El abandono del edil de Galdakao no es el único. Otro concejal, esta vez de Gijón, también ha renunciado a su carné y ha dimitido de su puesto en el Consistorio. Se trata de Eduardo Junquera, quien anunció que determinación es «irrevocable». En su explicación, el cargo electo dio veracidad a las informaciones y consideró que la tardanza en dar respuestas corre en contra del partido.
No obstante, no existe sensación de desbandada. Aunque el malestar en las calles ha aumentado. Ayer, por segunda jornada consecutiva, se repitieron las marchas en Madrid que exigían la dimisión del Gobierno español. No se quedaron en Génova, sino que también recorrieron las principales arterias de la capital del Estado español. A última hora, cientos de personas seguían en la puerta del Sol. A.P.
La fiscalía anticorrupción ha abierto ya una investigación acerca de los supuestos sobresueldos opacos del PP. Sin embargo, todavía no ha instado al juez Pablo Ruz, que se hace cargo de las pesquisas sobre los fondos en Suiza de Luis Bárcenas, ya que por el momento no encuentra relación. Sin embargo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ya ha manifestado su intención de esclarecer los hechos y, según una entrevista concedida el jueves a la cadena 13TV, podría incluso citar a la cúpula del PP. La pregunta, en este caso, está en qué conductas son delictivas y sobre cuáles recaería una responsabilidad penal, ya que algunos de los hechos relatados por «El País» ya han prescrito.
La clave está en el origen, en los fondos abonados por diferentes empresarios y constructores. Por una parte, está la vía de la ley de financiación de partidos políticos y, por otra, la posibilidad del cohecho, es decir, que se abonasen estas cantidades con el objetivo de obtener contratos ventajosos. El primer punto tiene una doble lectura. Por una parte, es cierto que muchas de las cantidades apuntadas por el diario de Prisa violan la legislación. Aunque, por otra, ya ha pasado el tiempo suficiente para que no sean investigadas. Por ejemplo, los documentos apuntan a que Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, habría abonado 120.000 euros en 2004 y otros 260.000 dos años después. Ambas cantidades quiebran la normativa, que desde 1987 hasta 2007 establecía en 10 millones de pesetas (60.000 euros) el máximo que una persona física o jurídica podía donar a un partido político. Claro, que esos delitos prescriben a los cuatro años, por lo que no podrían ser perseguibles. Otra cosa es que se demostrase (y eso es lo difícil) que estos fondos estuvieron destinados a comprar favores, lo que implicaría un delito de cohecho. Todo esto, en un contexto que hasta Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal de Cuentas entre 1997 y 2007 se encontraría entre los donantes que financiaron la caja B. A.P.
Por el momento, los únicos pagos aparecidos en la contabilidad de Luis Bárcenas que han sido reconocidos tienen vinculación con víctimas de acciones armadas de ETA. Se trata de los préstamos realizados desde el PP a Pío García Escudero, actual presidente del Senado español, y a Elena Murillo, exconcejala de UPN en Atarrabia. Una gestión que fue realizada por el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, ya que en aquel momento UPN y PP compartían listas en Nafarroa.
El caso de García Escudero es el primero que ha servido para romper el mensaje de negar la veracidad de los documentos publicados por «El País». Según estos papeles, el presidente del Senado solicitó un préstamo de cinco millones de euros al partido en verano del año 2000 tras sufrir un atentado en su domicilio que provocó graves daños materiales. El propio García Escudero, que entonces se encontraba de vacaciones en Estados Unidos, reconoció el jueves que, tras comprobar los destrozos, pidió el adelanto para iniciar las obras en su casa. Una cantidad que, posteriormente, devolvió al extesorero Bárcenas. Esta confesión puso en aprietos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que tras negar todo en un primer momento, tuvo que recular después de conocer la versión de su compañero
Otro dirigente, Jaime Ignacio del Burgo, también asumió las gestiones de otro préstamo. En concreto, de 500.000 pesetas que entregó a Murillo. En abril de 2001, la organización armada colocó un explosivo en su domicilio de Atarrabia que provocó graves daños materiales. Según explicó ayer Del Burgo, este dinero sirvió para pagar el adelanto de un nuevo alquiler. El líder unionista navarro afirmó que no consideraba haber hecho «nada irregular» y negó haber cobrado «nunca» comisiones procedentes de Génova. Posteriormente, UPN marcó distancias y aseguró, a través de Alberto Catalán, que desconocía las gestiones desarrolladas por su antiguo compañero de filas. A. P.
