Como si fuera una anticipación de pronósticos y una seria advertencia de lo por venir, el primer mes del año nuevo maya ha sido especialmente intenso en Wall Mapu, el histórico territorio del pueblo mapuche. Dos hechos han movilizado a la opinión pública chilena y continental: la muerte del matrimonio de colonos suizos Luchsinger-Makay a raíz de una acción aparentemente realizada por comuneros, y el fin de la prolongada huelga de hambre de los presos políticos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul que purgan largas penas acusados de terrorismo.

Como ha venido sucediendo desde 2008, la solidaridad se ha expresado de muy diversas formas sobre todo en Chile, donde la causa mapuche consiguió rebasar los límites territoriales y étnicos para convocar apoyos entre intelectuales, defensores de los derechos humanos, artistas, periodistas y cada vez más de grupos sociales de base, en particular los vinculados al movimiento estudiantil y juvenil. Apenas un ejemplo: es común ver barras de aficionados del fútbol, incluso de los equipos más importantes, portando banderas con símbolos mapuches.

Como sucede cada vez que sectores de este pueblo se movilizan, arreciaron los allanamientos en comunidades y fueron detenidas autoridades y jóvenes de forma indiscriminada. Una vez más se profundizan la militarización del territorio histórico y la criminalización de la protesta, al punto de aplicar la Ley Antiterrorista ante acciones reivindicativas que en otras regiones el Estado afronta con la legislación común.

Mientras quienes asesinaron por la espalda a los comuneros Jaime Mendoza Collía y Matías Catrileo siguen impunes o les han impuesto condenas ridículas, a quienes queman plantaciones de pinos y eucaliptos en los territorios que les fueron usurpados se les aplican durísimas penas y son sistemáticamente acusados de terrorismo, mediante una ley heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La «Cuarta Declaración de Historiadores» respecto a la cuestión mapuche, emitida el 19 de enero y firmada por cientos de académicos, enfatiza que los hechos de violencia en Wall Mapu «tienen su punto de partida en la mal llamada `pacificación de la Araucanía' realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de la Independencia (1825)». La campaña militar con la que se estrenó la recién independizada república, «usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones».

Solo resta agregar que el pueblo mapuche fue el único de este continente que derrotó a los incas y a los españoles, a quienes forzó a detenerse al norte del río Bio Bio. En el curso de la guerra contra los españoles los guerreros mapuches incendiaron Santiago, derrotaron y dieron muerte al gobernador Pedro de Valdivia y en 1598 vencieron al gobernador Oñez de Loyola en la batalla de Curalaba para destruir luego las siete ciudades fundadas por los conquistadores en sus territorios: Concepción, Angol Cañete, Villarrica, Osorno, Imperial y Valdivia. Los nombres de Lautaro y Pelantaro, sus caudillos militares, se inscribieron a fuego en la memoria colectiva mapuche, hasta el día de hoy.

La derrota militar y moral que significó la ocupación de la Araucanía por la nueva república colocó al pueblo mapuche a la defensiva de la que solo comenzó a salir a raíz de la reforma agraria de Salvador Allende entre 1971 y 1973, o sea un siglo después. Aunque parcial e insuficiente, porque la demanda no era solo por hectáreas de tierra sino por territorio, fue la primera vez que el Estado chileno trataba a los mapuches como un pueblo digno de respeto y ya no como «degenerados» como fueron denigrados durante todo el período republicano.

Pero fue en la década de 1990, bajo los gobiernos neoliberales de la Concertación, cuando comenzó una nueva etapa en la historia de un pueblo indomable. Como el Estado necesitaba atraer capitales para fomentar el crecimiento y contener la rebelión de los diversos abajos (jóvenes, mujeres de poblaciones pobres, desocupados, indígenas) y los capitales demandaban seguridad jurídica y paz social, el primer Gobierno pos Pinochet aprobó una ley indígena para hacerles un lugar en el nuevo orden económico. El precio sería cierta aceptación «multicultural» de las demandas mapuche a cambio de la entrega de sus territorios al capital especulativo que extirpó el bosque nativo, inundó el sur con especies madereras para la exportación (pinos y eucaliptos) y convirtió sus ríos en hidroelectricidad o los contaminó para usos industriales.

Una nueva generación de mapuches, muchos de ellos residentes en Santiago, fundaron el Consejo de Todas las Tierras y más tarde la Coordinadora Arauco Malleco, organización que se define autónoma y anticapitalista. Desafían a las grandes empresas forestales, ocupan fundos, enfrentan a los colonos y a los Carabineros, incendian plantaciones y camiones. Las cárceles comenzaron a llenarse de comuneros jóvenes. «La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el Gobierno en asumir la represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio», apunta un grupo de investigadores mapuche en Ciencias Sociales y Humanidades.

Ante huelga de hambre de Llanquileo y Llaitul, doce personalidades chilenas, entre ellas cinco Premios Nacionales (de Historia, Arte, Periodismo, Literatura y Derechos Humanos), el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana y el del Colegio Médico, entre otros, encabezaron una iniciativa humanitaria para dar una salida digna a un ayuno de 76 días. El 28 de enero durante la visita a las cárceles de Concepción y Angol surgió el compromiso de crear una Comisión Internacional de observación de los derechos humanos de la Nación Mapuche que se sume a las diversas instancias chilenas de solidaridad ya existentes.

Entre los objetivos figura realizar un informe que sistematice, denuncie y difunda la situación actual que vive el pueblo mapuche, ejercer presión internacional para la liberación de los presos políticos mapuche, frenar la represión sobre comunidades y hacer visible la discriminación en materia de derechos y cultura, así como denunciar la militarización y el estado de excepción en torno del territorio ancestral.

Sabemos que con la presión internacional no alcanza. Pero también sabemos, por la tremenda experiencia que viven otros pueblos del mundo, como el palestino, que hacer visible la injusticia y las violaciones puede contribuir a sensibilizar a mucha gente noble del mundo, sin cuyo aporte y activismo no será posible confluir con el pueblo mapuche para forzar al Estado de Chile a resolver el un conflicto ancestral, que pasa por devolver tierras que hoy son usufructuadas por poderosas empresas pertenecientes al núcleo duro de la burguesía chilena globalizada.

La invitación está hecha, las razones están sobre la mesa. Los mapuches no deben seguir siendo discriminados y reprimidos. Sus diri- gentes no deben ser juzgados doblemente, por el fuero civil y el militar, porque cuando uno los absuelve, el otro los condena como viene sucediendo bajo la democracia neoliberal.