La petición de indulto presentada por el exsubdirector de Seguridad del penal de Langraitz, Mariano Merino, ha despertado el malestar de organizaciones sociales. Ayer, Salhaketa mostró su «absoluto rechazo» a la concesión de la citada medida de gracia para el acusado, que fue condenado a dos años de prisión y a doce años de inhabilitación por realizar ofertas de índole sexual a dos presas que se encontraban a su cargo.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, Carlos Hernández, que compareció en representación de Salhaketa, recordó que Merino no ha ingresado en prisión por carecer de antecedentes penales. En este sentido, denunció que, con la petición de indulto, el condenado busca recuperar su puesto de funcionario de prisiones.

«No puede volver a ejercer custodia sobre nadie, y menos sobre mujeres. Sería minusvalorar a las mujeres presas, y nos parecería un insulto para las víctimas», añadió. A estas palabras se debe sumar la valoración conjunta emitida por las delegaciones del movimiento de apoyo a los presos sociales en Bizkaia, Nafarroa y Araba.

En un comunicado, Salhaketa destacó que las personas que integran dicha asociación no pueden «consentir esta situación, puesto que ya ha quedado demostrado que, cuando ha ejercido de custodio de mujeres presas, ha abusado de su cargo para mantener actitudes inaceptablemente machistas y de abuso de poder».

Además, la citada entidad, que ayer recibió el apoyo de la Asamblea de Mujeres de Araba, de la asociación Las Trans, de las Comunidades Cristianas Populares y de la Pastoral Penitenciaria, subrayó que «bajo ningún concepto podemos permitir que se reincida en este tipo de situaciones. Y la única manera de garantizarlo es impedir que M.M.A. -en alusión a Mariano Merino- vuelva a ejercer como funcionario de prisiones».

No hay motivos

Pese a posicionarse en contra de la petición planteada por Merino, Hernández recordó que Salhaketa es partidaria de la concesión del indulto en aquellas situaciones en la que la ejecución de la pena impuesta por los tribunales de justicia «cause un daño mayor, tanto en el ámbito personal como en el social, que su no cumplimento».

También defendió la aprobación del indulto en aquellos casos en los que se haya constatado un cambio en la actitud de la persona condenada. «Pero nada de esto se da en el caso del ex subdirector de Langraitz quien, amén de no haber reconocido los hechos, no ha pedido perdón a las víctimas ni ha hecho publico compromiso alguno de no repetición de los actos por los que fue condenado», manifestó el portavoz de Salhaketa.

Durante su intervención ante los medios, Hernández señaló que la concesión del indulto a un hombre que ha sido condenado por abusar de las personas que se encontraban bajo su custodia puede generar una sensación de «impunidad».

Esta idea se repite en el texto publicado por Salhaketa, que considera un error la concesión del indulto al ex subdirector de Seguridad de la prisión alavesa. «Conceder esta medida de gracia a personas como M.M.A., cuando en otros casos mucho más sangrantes y de justicia no se está haciendo, constituye un atentado contra la propia figura del indulto», manifiesta.

Por último, los firmantes del documento advirtieron que la posible concesión del indulto a Merino supondría un «agravio comparativo» con el resto de personas presas. «Un agravio que como sociedad no podemos consentir y que denunciamos públicamente», afirmaron.

Salhaketa ha trasladado estos argumentos a las autoridades judiciales, ya que la asociación participa de manera activa en el proceso abierto contra el antiguo responsable de la seguridad en el penal.