Trasladar un mensaje único de rechazo a la aplicación de la doctrina 197/2006 de forma unitaria, «desde la pluralidad, acordando los detalles de esta y otras iniciativas». Ese es el emplazamiento que el movimiento Herrira realizó ayer a todos los agentes políticos, sociales y sindicales de este país para dar respuesta de manera homogénea, como pueblo, a la aplicación de esta práctica, anulada en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el pasado mes de julio y recurrida después por el Gobierno español.

Ese llamamiento incluye a todas las organizaciones que mostraron su respaldo a la masiva marcha del pasado 12 de enero en Bilbo, pero también a las fuerzas que no se sumaron - en especial al PNV y al PSE- y con las que se pretende contar para esta iniciativa, con la intención de incluir a la mayor parte posible de la sociedad vasca.

Con ese objetivo en mente, Herrira ha puesto en marcha una ronda de contactos para conocer de primera mano la posición e intenciones de los diferentes agentes, así como su disposición a tomar parte en proyectos conjuntos.

El organismo solidario intentará incluir en esa ronda a los dos máximos mandatarios de los gobiernos de Iruñea y Lakua, Yolanda Barcina e Iñigo Urkullu, intentando dotar a la iniciativa de un apoyo institucional que podría resultar fundamental.

Un activo del proceso de paz

Jon Garai y Nagore García, en nombre de Herrira, admitieron que dan la «máxima relevancia» a la decisión del Alto Tribunal europeo, ya que consideran que la derogación de la doctrina que alarga las penas de los reos vascos resulta «absolutamente imprescindible para acabar con la excepcionalidad jurídica y penitenciaria».

En ese sentido, criticaron el inmovilismo del Estado español al no acatar la decisión de Estrasburgo, considerando que «han incidido en su estrategia de vulneración de derechos humanos». Los dos últimos casos de aplicación de esta doctrina son los presos Ramón Aldasoro y Raúl Alonso, anteayer mismo.

Para ambos portavoces, el hecho de mantener estas medidas de excepción, desoyendo además los criterios de Estrasburgo en el caso de la tafallesa Inés del Río, tiene por objeto «obstaculizar el proceso de paz y resolución abierto en los últimos meses, prolongando la situación de conflicto y sufrimiento».

Herrira estima que la derogación de esa práctica, además de dar un fuerte impulso al proceso de paz en el plano de la resolución de las consecuencias del conflicto, supondría un fuerte golpe a la estrategia diseñada por el Gobierno español en el terreno jurídico, que vería como uno de sus principales pilares se derrumbaría de manera definitiva.

A Bruselas y a Estrasburgo

Para lograr ese objetivo, Herrira considera fundamental que la respuesta desde Euskal Herria sea homogénea, unitaria, sin fisuras. Esto es, que el mensaje que se traslade a Europa sea el de una sociedad que no acepta esas medidas excepcionales.

Para lograr este objetivo es necesario tender puentes, crear un planteamiento de trabajo en común que la mayoría de partidos puedan asumir. Esta apuesta se traduciría en un esquema con tres ejes interconectados y compatibles entre sí.

El primero de ellos tendría que ver directamente con la consecución de un acto unitario, aunando a cuantas fuerzas sea posible, para «mostrar el sí que la sociedad vasca da al fallo de Estrasburgo». Esta respuesta nace sin un esquema determinado, ya que los términos «deberían acordarse de manera flexible entre todos los agentes que decidan participar». Ese consenso se haría extensible a todas las iniciativas que se pusieran en marcha contra la doctrina, que el 20 de marzo pasará el análisis definitivo en la Gran Sala de Estrasburgo.

El segundo punto tiene que ver con el funcionamiento interno de cada agente. Herrira apuesta por que cada uno de ellos, dentro de su ámbito de trabajo, «estudie vías de sensibilización, denuncia y movilización».

El tercer y último punto se pondría en marcha únicamente en el caso de que la máxima instancia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decidiera dar marcha atrás en su propia decisión de julio pasado y no reafirmara la derogación de la doctrina. En tal caso, el organismo apuesta por «iniciar un proceso de reflexión compartida acerca de qué se puede hacer en caso de que las medidas de excepción se mantengan en el tiempo»

Los dos portavoces anunciaron, además, que una delegación de Herrira se desplazará a Bruselas y a Estrasburgo en las semanas previas a la vista para trasladar, tanto a las instituciones como a la opinión pública europea, ese mensaje unitario.

Además, ese mismo miércoles 20 de marzo se realizarán movilizaciones en todas las localidades de los presos y presas afectados por la doctrina 196/2007, en las que animaron a participar a toda la ciudadanía.