El grupo de Bildu en las Juntas Generales de Araba exigió ayer a la Diputación, en manos del PP, toda la documentación vinculada con la gestión y el mantenimiento de la AP-1, una carretera marcada por los sobrecostes y las supuestas irregularidades cometidas por personas ligadas al anterior Gobierno foral.

La última polémica, destapada el pasado 16 de enero por la diputada de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, está relacionada con la firma de un contrato por parte del exdirector gerente de Arabat Unai Grajales.

Según explicó la diputada, durante su gestión al frente de la sociedad pública, Grajales asumió un sobrecoste de tres millones de euros en el contrato de la gestión de la autopista «sin justificación alguna». En concreto, Ruiz de Infante advirtió que el contrato firmado por el jeltzale suponía pagar a Bidelan «dos veces por un mismo servicio».

Para hacer frente a esta situación, el portavoz de Bildu en la Cámara foral, Gorka Ortiz de Guinea, que criticó las «graves irregularidades» relatadas por la diputada, reclamó la entrega inmediata de un dossier completo en torno a la gestión de la autopista entre Gasteiz y Eibar.

En dicho informe, el Ejecutivo del PP deberá aclarar por qué el anterior responsable de Arabat aprobó la modificación del contrato inicial si este carecía de facultades para ello, ya que necesitaba la autorización del Consejo de Administración de la sociedad o el visto bueno del Consejo de Diputados.

«Queremos las actas y queremos saber quiénes formaban parte de ese Consejo de Administración. También queremos saber si quien fuera su superior más inmediato, Luis Zarrabeitia, conocía o autorizó la operación, o si fue el propio exdiputado general, Xabier Agirre, quien dio luz verde a esta operación lesiva para los intereses de las arcas públicas», destacó.

Comisión de Obras Públicas

Ortiz de Guinea, que recordó que la citada operación pudo derivar en un «enriquecimiento injusto», anunció que Bildu no convocará la Comisión de Obras Públicas y Transportes mientras los grupos no reciban la documentación requerida. Cabe recordar que el propio Grajales ha solicitado comparecer en dicha comisión para dar su versión.