Una vez más, la corrupción ha llegado y lo ha salpicado todo. Incluso aquí, en Nafarroa, donde una vez batimos todos los Guinness en esta materia, no podemos dejar de sorprendernos de la que está cayendo.

Allá por los 90, el presidente del Gobierno de Nafarroa, Gabriel Urralburu (PSN), su consejero Antonio Aragón, sus esposas y el exdirector de la Guardia Civil y exdelegado del Gobierno, Luis Roldán, fueron condenados por el cobro de comisiones a constructoras en la adjudicación de obras. Más tarde, el siguiente delegado del Gobierno, también del PSOE, J. García Villoslada, fue condenado por malversación de fondos públicos. Mejor suerte tuvieron Javier Otano, sucesor de Urralburu en el Gobierno foral, y su esposa, así como Jesús Malón, presidente del PSN, titulares de una cuenta suiza en la que la multinacional Siemens depositó varios millones de marcos en pago a los favores recibidos en la adjudicación de la factoría navarra Safel. Los tres se salvaron de la quema, dos por prescripción del delito y el tercero por fallecimiento. En resumen, dos presidentes del Gobierno de Nafarroa, dos; dos delegados del Gobierno, dos; tres esposas amantísimas, tres; un consejero foral, uno, y un presidente del PSN, uno. Lo dicho, todo un Guinness.

Hoy es la derecha navarrona (UPN y PP) quien protagoniza un nuevo culebrón. Se trata, en primer lugar, de esa cueva de los cuarenta amiguetes del cuento de Alí Babá en la que se convirtió la Caja de Ahorros de Navarra bajo el triunvirato de Sanz-Goñi-Barcina: dietas ocultas, blanqueo de billetazos, uso de información privilegiada, viajes de escándalo... Y en esas estábamos cuando, al alimón con Bárcenas y sus cuentas ocultas engordadas por constructoras y grandes empresas, resucitó Del Burgo encarnado en paje de los reyes magos, distribuyendo aguinaldos a su fiel Calixto (exconsejero del Gobierno de UPN) y a concejalas del partido. En fin, veremos en qué termina todo esto, que también lo de Urralburu y Roldán comenzó con cuatro cosillas y mira tú como terminó.

Todo lo anterior, en cualquier caso, es pura anécdota. La corrupción es algo innato al sistema en el que vivimos. Cuando el motor de la economía es el ánimo de lucro y el medre personal, la democracia un mero un celofán electoral y los cargos electos se convierten en una casta política con intereses propios, la corrupción pasa de ser un hecho excepcional a algo cotidiano.

En el Estado español el fraude fiscal alcanza el 23,3% del PIB, del que el 72% corresponde a grandes empresas. A pesar de esto, el 80% del trabajo de la Inspección de Hacienda se ceba sobre los pequeños defraudadores: trabajadores, autónomos, pequeños empresarios... Según Intermón-Oxfam, al cierre de 2010 ocho de cada diez multinacionales españolas del IBEX-35 tenían al menos una sociedad domiciliada en paraísos fiscales, lugares en los que se concentra la tercera parte de la riqueza total existente en el planeta y desde los que se opera libremente, sin pagar prácticamente impuesto alguno y estando a salvo de controles financieros. Pues bien, dicho lo anterior, la pregunta es sencilla: ¿cómo es posible todo esto sin la complicidad de cientos de altos cargos administrativos y políticos de todo tipo y la colaboración de una extensa red de banqueros, notarios y demás honrados profesionales?

En la tesis doctoral de Ricardo Feliu, titulada «La distribución social del poder: la élite navarra en el cambio de siglo, 1999-2004», se analiza el grupo social que ostenta hoy el poder de hecho en Nafarroa. Este está formado por 114 personas, de las que la mitad pertenecen al ámbito económico (directivos, empresarios, financieros y grupos de interés -sindicatos, patronal-), un tercio a la élite burocrática navarra y el resto a la clase política formada por altos cargos del Gobierno (UPN) y cargos relevantes de este partido y del PSN.

Pienso que no es aventurado trasplantar grosso modo esta fotografía a nivel estatal y pensar que estamos en manos de unos pocos miles de personas que dominan los resortes fundamentales del poder económico, social, político, mediático, administrativo y religioso. Ellos son la crème de la crème, los capo di tutti capi del sistema. Para ellos las leyes y la justicia son algo instrumental, a usar cuando les conviene y a sortear cuando no. Políticos y jueces bailan al son que ellos tocan y son cambiados cuando se les gastan o piensan, craso error, que deben ser ellos realmente quienes deben tomar las decisiones. ¡Pobres ilusos!

En el Estado español, además, todo este entramado sigue manteniendo importantes anclajes en aquella dictadura en la que, durante cuarenta años, poder económico, político, militar y religioso formaron un todo-uno que no disolvió la tramposa transición. Era imposible saber entonces dónde empezaba lo público ni dónde lo privado, dónde la ley y dónde la arbitrariedad, dónde el negocio y dónde el estraperlo... Luego, siguió en pie aquella Monarquía que juró fidelidad a Franco y al franquismo, aquella Iglesia que todo lo bendijo, aquel Ejército y aquella Policía sobre los que se asentaron cuarenta años de represión, aquella Banca que se lucró con todo lo anterior... Por otro lado, no hace falta hoy más que leer los nombres que componen los consejos de ministros, los grandes consejos de administración, los altos cargos militares... para darnos cuenta que los anclajes en aquel régimen despótico no fueron solamente institucionales, sino también, en buena medida, genéticos.

La lista de Bárcenas, con su importancia, es solamente la punta del iceberg de todo lo anterior. Hace unos años, un terremoto parecido, el de Filesa, sacudió de arriba abajo al PSOE y contribuyó en buena medida a que perdiera gran parte del apoyo que tuvo y, con ello, el Gobierno. Fueron los mismos tiempos en los que en Nafarroa el popular chorizo de Pamplona alcanzó sus más altos niveles institucionales. Hoy le toca al PP (País Valencià, Baleares, Madrid, Orense...) y, aquí, a UPN. Lo dijo el sociólogo Jesús Ibáñez: «Las moscas han cambiado, pero la mierda sigue siendo la misma».

La solución a esta corrupción que hoy salpica toda la geografía estatal y ha afectado a todo tipo de instituciones locales, autonómicas y estatales debe buscarse mucho más allá de meros cambios gubernamentales. Sin cambiar el propio entramado institucional y social hoy existente, la corrupción seguirá campando a sus anchas. No es un problema de personas, ni siquiera de los dos grandes partidos que la han protagonizado. Es un problema estructural.