«caso caja navarra»
Barcina intenta eludir cualquier responsabilidad en el fiasco de CAN
Lo pasado, pasado está y ahora hay que mirar al futuro. Este fue el mensaje que la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, lanzó durante su comparecencia en el Parlamento sobre la desaparición de la CAN. El PSN mostró su perfil crítico y destacó que no cree en la buena voluntad de Barcina para controlar los restos de la caja, aunque eludió citar la comisión de investigación. Bildu subrayó que si no fuera aforada, estaría en la misma causa que Sanz y Goñi.
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA
La presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, acudió ayer a la Comisión de Régimen Foral del Parlamento con la intención de quitarse de encima cualquier responsabilidad en el proceso que ha supuesto la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) .
Barcina trató de señalar que la integración de CAN inicialmente en Banca Cívica y posteriormente en Caixabank se ha debido a la necesidad de aplicar la legislación aprobada en el Estado español y destacó que el papel del Gobierno navarro únicamente ha sido tratar de gestionar este proceso lo mejor posible. A partir de ahora, según Barcina, el objetivo debe ser tratar de gestionar lo mejor posible la Fundación, olvidando que una vez existió una verdadera caja de ahorros.
La presidenta navarra enmarcó en este proceso el nombramiento en enero de una comisión gestora formada por tres funcionarios para que elaboren una propuesta de nuevos estatutos para el funcionamiento de la CAN como fundación para gestionar la obra social.
Barcina calificó de «acertada» esta medida y subrayó que ella no tomó la decisión de disolver los órganos de gobierno de la CAN -presididos por José Antonio Asiáin-, «sino que era una condición adquirida como consecuencia de la reestructuración del sector financiero español».
«El Gobierno no disuelve los órganos de gobierno de Caja Navarra, sino que se disuelven automáticamente cumpliendo la ley española. Si el Gobierno no hubiera nombrado la gestora, es difícil prever las consecuencias de no cumplir la ley, pero hubieran sido negativas», añadió la lideresa de UPN.
Los grupos de la oposición criticaron que este nombramiento se hubiera hecho «a dedo» por Barcina, sin realizar ninguna consulta al Parlamento ni a ningún agente social.
El portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, echó por tierra la argumentación de Barcina, destacando que el único motivo por el que no está incluida en la causa judicial que tramita la juez María Paz Benito es su condición de aforada, dado que ejerce de la presidenta del Gobierno. «Si no, estaría junto a Miguel Sanz y Enrique Goñi», destacó Ramírez.
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, reclamó a Barcina que los estatutos elaborados por la comisión gestora para la Fundación se remitan al Parlamento para que sean estudiados, enmendados y votados.
Barcina no se comprometió a nada y se limitó a proclamar que la Fundación será sometida a control público para garantizar «la total transparencia de su actuación».
El PSN elude citar la comisión
El PSN se puso esta vez el traje de lobo en vez del de cordero y por boca de Juan José Lizarbe proclamó que no se creía nada sobre el control público de la Fundación. «La Caja antes era de todos y ahora no es de nadie, pero sigue mandando usted [Barcina]. Llevamos diciendo quince años que la Caja no es pública y llega un día, se carga el Consejo y nombra a tres funcionarios. El consenso hay que trabajarlo y no actuar pegando golpes en la mesa», señaló Lizarbe, que, sin embargo, logró acabar su discurso sin tener que posicionarse sobre la comisión de investigación que su grupo bloquea insistentemente en el Parlamento.
Ramírez acusó a Barcina de haber impedido que «se pueda iniciar la construcción de un instrumento de banco público».
«Usted ha destruido mucho, no tiene credibilidad para hablar ahora de transparencia en el futuro», achacó el portavoz de Bildu a Barcina, a la que instó a permitir que se apruebe una comisión de investigación en el Parlamento.
«Solo tiene la salida de apoyar la comisión de investigación, porque es la única vía para demostrar que usted no tiene nada que esconder», subrayó Ramírez, que recordó que el pasado sábado unas 5.000 personas se manifestaron, a convocatoria de Kontuz, para reclamar transparencia y para que se conozca qué ha pasado realmente con la CAN. Ayer mismo, otra concentración reclamó lo mismo a las puertas de la Cámara. Barcina se vio obligada a levantar la voz durante su exposición, ya que se escuchaban las consignas que se coreaban desde el exterior.
El portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, calificó de «insatisfactoria» la comparecencia de Yolanda Barcina, destacando que «los navarros sienten pena por la desaparición de la CAN» y tildando de nefasta la gestión del Gobierno.
En cualquier caso, reclamó que «ese minirresidudo que queda sea objeto de control público, como siempre debía haber sido» y lamentó que una caja de ahorros que «llegó a valor 5.000 millones de euros haya quedado reducida a esa miseria», a una fundación que se prevé que gestione unos 200 millones.
Niega la desaparición
Barcina negó que la CAN haya desaparecido, ya que, según destacó, tiene una participación en Caixabank -subrayando que es uno de los más importantes bancos europeos- y se pondrá en marcha una fundación para la obra social.
Similar argumento empleó el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, quien subrayó que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer».
Junto a ello, García Adanero volvió a rechazar categóricamente la posibilidad de que se ponga en marcha una comisión de investigación en el Parlamento navarro. «La Justicia está en marcha y no tiene ningún sentido pedir una comisión de investigación en el Parlamento», proclamó.
Enrique Martín, del PP, echó otro capote a Barcina en su intento de pasar página. «Ahora es el momento de que no se cometan los errores del pasado y que la fundación sea un verdadero punto de inflexión en el proceso de la entidad», señaló, y reclamó que «no esté dirigida por criterios partidistas».
Los grupos municipales de NaBai, Bildu, PSN, I-E y PP en el Ayuntamiento de Eguesibar señalaron ayer que «si UPN tiene un mínimo respeto por los vecinos debería forzar la dimisión del alcalde, Josetxo Andía, y de la concejal Estefanía Clavero, después de todo lo aparecido en el ordenador de la sociedad pública Andacelay».
Así lo señalaron los representantes de los partidos en una rueda de prensa conjunta, en la que aseguraron que en el citado ordenador «queda demostrada la relación entre Carolina Potau [edil de UPN que ya dimitió] y la empresa Laranzor, ya que se han encontrado documentos que certifican que gestionaba desde el ordenador de Andacelay asuntos de esta empresa».
Según el conjunto de la oposición, Potau «compaginaba la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento con la gestión propia de una empresa para la que había trabajado y a la que además adjudicaba contratas».
Además, NaBai, Bildu, PSN, I-E y PP subrayaron que las fotos encontradas en el ordenador «muestran al alcalde con sus concejalas Carolina Potau y Estefanía Clavero con un socio de la empresa que gestiona los polideportivos municipales, el administrador de Laranzor y el gerente de Nasipa». Según destacaron, estas imágenes «hacen constar que no es una relación profesional entre empresas y Ayuntamiento, sino que es una cuadrilla de amigos».
En este sentido, recordaron que «en la adjudicación de la segunda promoción de Sarriguren se cometieron una serie de irregularidades muy graves que consiguieron que Juan Larraza, de Nasipa, y Potau hicieran ganador del proyecto a Laranzor y que la mesa para adjudicar las dos obras que ganó Nasipa la compusiera Juan Larraza de Nasipa como presidente, Alex Saiz de Laranzor y Carolina Potau».
En opinión de los grupos de la oposición, «no solo eran empresas a las que se les habían adjudicado contratas de forma irregular, sino que lo seguiría siendo en lo sucesivo».
Por todo ello, consideran que «tanto el alcalde, Josetxo Andía, como Estefanía Clavero han sido cómplices necesarios de las adjudicaciones y delatan una relación personal con los adjudicatorios que es del todo vergonzosa y que cuestiona la práctica totalidad de la gestión municipal de UPN en esta segunda etapa tras los fraudes de Ignacio Galipienzo» (el anterior alcalde de UPN en Eguesibar, condenado por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas a funcionarios).
«Hablamos de que el grupo de proveedores y concejales amigos han llevado a cabo el plan de movilidad, la dirección de obras de la travesía de Olaz, las gradas de la Ciudad Deportiva, tres promociones de VPO, la Ciudad Deportiva de Sarriguren en todas las fases con trabajos adicionales, el Centro de Atención a Familias (CAF) y la gestión de los polideportivos», destacaron los ediles de la oposición.
A este respecto, los grupos de la oposición agregaron que «las adjudicaciones superan los 40 millones de euros» y remarcaron que la legalidad de las mismas «ha sido puesta en duda por la comisión de investigación».
Por todo ello, NaBai, Bildu, PSN, I-E y PP decidieron presentar una moción en el Ayuntamiento de Eguesibar para reclamar que «se traslade al Juzgado de Aoiz el ordenador de la sociedad pública Andacelay».
También reclamaron que, a través de Andacelay, «se estudien las posibles acciones legales contra los responsables de los actos descritos» y solicitaron «por enésima vez» la dimisión inmediata de Andía como alcalde y de Clavero como concejal.
El Pleno de Eguesibar ya pidió la dimisión de Andía como alcalde en el pleno que celebraron en mayo de 2012. Entonces votaron a favor de esta demanda NaBai, Bildu, PSN e I-E. Ahora, incluso el PP se ha sumado a esta exigencia. La comisión de investigación puesta en marcha en el Ayuntamiento de Eguesibar, que Andía ha boicoteado en repetidas ocasiones, ha detectado la existencia de al menos 50 irregularidades en la gestión municipal por parte del equipo de UPN. GARA
El portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, tuvo un lapsus cuando se dirigió a la presidenta del Gobierno navarro llamándole «señora Bárcenas». Al instante, corrigió y le llamó, correctamente, «señora Barcina».
Al responder sobre su incumplimiento de las normas emanadas del Parlamento navarro, Barcina admitió que defiende el autogobierno navarro solo si no entra en colisión con las leyes fijadas desde Madrid.
Barcina señaló que ni siquiera votó a favor de la integración en Banca Cívica ni Caixabank porque no estaba en la Asamblea cuando Nuin le recordó que él votó en contra. Barcina integraba entonces la Comisión de Control.
