La sospecha sobre la amnistía fiscal se amplía a 21 acusados por Gürtel
La amnistía fiscal bajo sospecha. El juez Pablo Ruz pidió ayer datos para averiguar si 21 imputados por la trama Gürtel pudieron utilizar el período especial decretado por Hacienda para blanquear fondos. Además, el magistrado cita a Luis Bárcenas tras descubrirse una nueva cuenta en Suiza. El extesorero del PP, que el lunes negó que los papeles publicados por «El País» sean suyos, tendrá que declarar hoy ante el Fiscal Anticorrupción, que investiga las cuentas de Génova.
Alberto PRADILLA |
La investigación del juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz sobre la amnistía fiscal decretada por el Gobierno español no se limita a Luis Bárcenas, extesorero del PP. A través de un auto emitido ayer, el magistrado amplía sus pesquisas y pide datos a la Agencia Tributaria para averiguar si una veintena de imputados por la trama Gürtel (la supuesta red de financiación ilegal del PP) se acogieron al período especial desarrollado por Hacienda para blanquear capitales. Este requerimiento se suma a la citación judicial para el propio Bárcenas, que el próximo 25 de febrero tendrá que responder sobre una nueva cuenta aparecida en Suiza. El extesorero del PP, asediado por la Justicia, tendrá que declarar hoy ante la Fiscalía Anticorrupción, que le interrogará sobre los supuestos sobresueldos a la cúpula del PP.
Las diligencias de Ruz llegan después de que Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica e imputado en la trama Gürtel, haya presentado documentación tributaria con la que regularizó sus cuentas. Ahora, el juez del tribunal de excepción español quiere saber si la cúpula de la red que supuestamente dirigió la financiación ilegal del PP siguió su ejemplo. Se refiere a Francisco Correa, presunto cabecilla, y a otros 20 imputados, entre los que están su exmujer, Carmen Rodríguez; Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, o la exesposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias.
Doble citación a Bárcenas
Pese a las evidencias que ponen bajo sospecha la amnistía fiscal, el ministro Cristóbal Montoro insistió ayer en que Bárcenas «no puede beneficiarse» del período especial. Un discurso que choca con las pruebas presentadas por el propio extesorero del PP, cuya defensa alegó la semana pasada que 10 millones de euros fueron regularizados, y por una nueva cuenta descubierta en el banco Lombard Odier de Suiza desde la que se habrían blanqueado 1,5 millones de euros. Por eso, Ruz le tomará declaración el próximo 25 de febrero y podría imputarle por nuevos delitos fiscales.
Lo que no abordará el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional española son los supuestos sobresueldos de la cúpula del PP. Ruz lo deja en manos de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha citado para hoy mismo al propio Bárcenas y al exdiputado Jorge Trías. El antiguo tesorero, tras varios días de mutismo, negó el lunes, en una alocución en la cadena 13TV, que la letra de los documentos publicados por «El País» se corresponda con la suya. Sin embargo, el Ministerio Público ya ha solicitado los papeles filtrados por el «El País», al tiempo que estudia la contabilidad de Génova desde 2000, según ese diario. Un nuevo capítulo en la serie de escándalos que salpican a la política española desde hace semanas.
El presidente del PP en Nafarroa, Enrique Martín, afirmó ayer que «ahora mismo» ningún cargo de su formación cobra del partido, después de que Calixto Ayesa reconociese haber recibido 3,9 millones de pesetas entre 1991 y 1992
El presidente español, Mariano Rajoy, no dará explicaciones sobre los escándalos relacionados con Luis Bárcenas. Como viene siendo habitual cada martes, el PP usó su rodillo en la Junta de Portavoces del Congreso español para vetar las peticiones de comparecencia del jefe del Ejecutivo. Tampoco habrá comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Los diferentes grupos volvieron ayer a presentar iniciativas parlamentarias para que Moncloa se posicione ante los escándalos de corrupción que asolan a la derecha española pero fueron tumbadas por el PP.
Posteriormente, el PSOE presentó una interpelación urgente para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explique las responsabilidades políticas de la amnistía fiscal. Con esta iniciativa, Ferraz da un primer paso para la reprobación del titular de Hacienda, sobre quien asegura que «no puede seguir dirigiendo la política fiscal».
El PP, sin embargo, sigue enrocado en sus tesis de conspiración. Alfonso Alonso, su portavoz parlamentario, insistió en esta línea tras vetar las comparecencias. Un blindaje al que se aferran también los miembros del Gobierno español señalados por las pesquisas judiciales como Ana Mato, que ayer volvió a negar su responsabilidad en la trama Gürtel. A. P.
